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Escrito por:  Winnie Rodríguez
Redactora     May 10, 2026 - 12:39 am

La queja difundida por Abelardo de la Espriella sobre un presunto atentado en su contra ya tuvo respuesta oficial. La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) rechazó tajantemente las acusaciones del candidato presidencial, quien aseguró que existiría un plan para asesinarlo bajo la modalidad de francotirador.

La polémica comenzó luego de que el aspirante del movimiento Defensores de la Patria publicara un video en redes sociales en el que habló de una información que, según él, recibió de una fuente de inteligencia.

“Anoche recibí de una fuente de inteligencia de alto nivel, de toda la confianza, una información según la cual se está planeando un atentado en mi contra bajo la modalidad de francotirador”, afirmó De la Espriella. 

El abogado también aseguró que detrás de ese supuesto plan podrían estar involucrados funcionarios oficiales y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia, lo que provocó la reacción inmediata de la entidad.

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DNI rechazó acusaciones de Abelardo de la Espriella

En un comunicado divulgado a la opinión pública, la DNI negó cualquier relación con actividades ilegales y aclaró cuál es el alcance de sus funciones.

Esta entidad no desarrolla actividades de inteligencia operativa; es un organismo no armado y, por lo tanto, no posee capacidad militar ni táctica”, señaló la Dirección Nacional de Inteligencia.

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La entidad también defendió los protocolos internos que, según explicó, rigen el trabajo de sus funcionarios y los controles existentes dentro del organismo.

“Mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas que se aparten del deber oficial, contando para ello con protocolos de inteligencia y contrainteligencia rigurosos que garantizan que el actuar de nuestros servidores esté alineado exclusivamente con los fines constitucionales del Estado y los derechos humanos”, indicó la DNI en el documento. 

Además de rechazar las acusaciones, la entidad le pidió al candidato presidencial que entregue pruebas sobre las afirmaciones que hizo públicamente.

“La gravedad de lo expuesto exige un trámite judicial y de investigación”, manifestó la entidad. También advirtió que “se reserva el derecho de interponer las acciones legales pertinentes para salvaguardar la integridad institucional”.

 

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