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El reciente despliegue de banderas atribuibles a un grupo armado en los municipios de Marmato y Supía, en el departamento de Caldas, ha causado inquietud entre los habitantes de la región. Sin embargo, autoridades locales han sido enfáticas en descartar la existencia de una incursión guerrillera real, señalando que tras estos símbolos se oculta una modalidad de extorsión orquestada desde las penitenciarías. Jorge Andrés Gómez Escudero, secretario de Gobierno de Caldas, sustentó esta posición citado análisis realizados por fuerzas militares y policiales, los cuales descartan la presencia operativa de estos grupos en la zona y apuntan a una estrategia de intimidación construida por delincuentes con apoyo externo.
Dicha modalidad, ampliamente conocida en varias regiones de Colombia, consiste en que bandas criminales ubicadas dentro de cárceles ejecutan extorsiones telefónicas dirigidas tanto a comunidades cercanas como lejanas, recurriendo a símbolos insurgentes con la finalidad de infundir temor y manipular a la población. De acuerdo con las investigaciones recopiladas por el Centro Nacional de Memoria Histórica y reportes de la Policía Nacional, este proceder busca instaurar una atmósfera de zozobra, lo que termina facilitando la obtención de pagos ilegales, conocidos localmente como “vacunas”, bajo amenaza de actos violentos.
Históricamente, estas tácticas han sido comunes en lugares marcados por la operación de guerrillas o en zonas de postconflicto, como Urabá o Catatumbo. Sin embargo, según las declaraciones de Gómez Escudero, han empezado a manifestarse también en regiones que no presentan señales verificadas de actividades armadas, como el occidente de Caldas. Ante esta situación, organismos como el Gaula Militar y la Policía han incrementado su presencia en Marmato, Supía y Riosucio, implementando además programas de sensibilización para fortalecer la prevención y respuesta comunitaria, acciones que han mostrado eficacia según autoridades y expertos en seguridad consultados.
Los esfuerzos institucionales no se limitan a la presencia policial. La Defensoría del Pueblo enfatiza la necesidad de un enfoque integral que fomente la educación y la denuncia activa de extorsiones, facilitando canales seguros de reporte y fortaleciendo el tejido social para contrarrestar el miedo y la desinformación que alimentan estas prácticas criminales.
Adicionalmente, la problemática deja al descubierto los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario colombiano respecto a los controles internos. Informes de la Fundación Ideas para la Paz han destacado la urgente necesidad de reformar a fondo la estructura de las cárceles, pues la existencia de redes delictivas operando desde su interior perpetúa modalidades de intimidación y extorsión más allá de los muros penitenciarios.
La coyuntura en Caldas ilustra con claridad cómo el uso de símbolos asociados a la insurgencia puede ser instrumentalizado para crear alarma en escenarios donde no hay un conflicto armado vigente. El reto, según los especialistas citados, reside en reforzar la coordinación interinstitucional que garantice alianzas duraderas entre autoridades, líderes sociales y la comunidad, promoviendo información transparente y una cultura que privilegie la denuncia sobre la resignación al miedo.
¿Qué consecuencias tiene la extorsión para las comunidades rurales de Caldas?La extorsión basada en amenazas y símbolos de grupos armados puede fracturar la cohesión comunitaria, afectando la vida cotidiana mediante la imposición de un ambiente de temor constante. Familias y comerciantes ven limitadas sus actividades económicas y sociales por miedo a represalias, lo que impacta directamente en su bienestar y desarrollo. Además, este fenómeno puede generar desconfianza hacia las autoridades si la percepción de protección es insuficiente.
En este contexto, entender cómo opera la extorsión desde las cárceles y sus efectos en la vida rural es fundamental para diseñar políticas de prevención más efectivas. La participación comunitaria y el fortalecimiento de rutas de denuncia son claves para disminuir el poder de intimidación de estos grupos, según lo señalado por entidades como la Defensoría del Pueblo.
¿Qué es una “vacuna” en el contexto de la extorsión en Colombia?El término “vacuna” en este ámbito hace referencia a los pagos extorsivos que grupos criminales exigen a individuos, familias o empresarios, con la amenaza de causarles daño si no cumplen sus exigencias. Aunque el término pueda parecer coloquial, ha sido adoptado por los extorsionistas para normalizar y ocultar la ilegalidad de la práctica.
La exigencia de “vacunas” se ha convertido en una grave preocupación en distintas regiones del país, especialmente en zonas donde existe o se simula la presencia de organizaciones armadas ilegales. Identificar y denunciar oportunamente este tipo de exigencias es crucial para debilitar la estructura financiera de estos grupos y evitar que la práctica continúe extendiéndose.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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