El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las a...
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha enfrentado numerosos escándalos que se han acumulado, afectando la percepción pública sobre su gestión y revelando problemas más allá de lo mediático. Entre las principales inquietudes que circulan en la Casa de Nariño y otras entidades administrativas se destacan el desorden en la gestión interna y la limitada disponibilidad de información, que debería ser abierta y de fácil acceso para todos los ciudadanos. Según reporta EL COLOMBIANO, esto se refleja en cifras desactualizadas, ejecución presupuestal deficiente, demoras en los pagos a contratistas y dificultades para acceder a información pública relevante.
Esta situación es particularmente grave, ya que la transparencia de la información impacta directamente en la toma de decisiones en materia de política pública y en el desarrollo de los programas del denominado “Gobierno del Cambio”. Durante el mes de diciembre, diversas carteras ministeriales estuvieron bajo escrutinio, y surgieron denuncias sobre el bajo nivel de cumplimiento presupuestal. Un caso representativo es el del Ministerio de Igualdad, dirigido por Juan Fernando Florián, quien fue acusado por la congresista Catherine Juvinao de presentar públicamente cifras infladas sobre la ejecución presupuestal: mientras el ministro afirmaba tener un avance del 46%, datos del portal de transparencia citados por Juvinao revelaban solo un 7% a cierre de noviembre.
Este tipo de inconsistencias también se evidenció en otras entidades. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) presenta proyectos clave con avances mínimos. Por ejemplo, la inversión para soluciones estructurales en La Mojana, importante para más de 405.000 habitantes, solo reporta un 3% de ejecución, y el proyecto “La Ruta del Arroz”, adjudicado bajo la administración de Carlos Carrillo, apenas exhibe un avance físico del 27% y una ejecución financiera nula. Estas irregularidades provocaron que la Procuraduría General de la Nación abriera una investigación contra funcionarios del Fondo Adaptación.
La falta de información actualizada y precisa alimenta sospechas sobre la gestión gubernamental. Gabriel Cifuentes, exsecretario de Transparencia, argumenta que la opacidad facilita la corrupción, en tanto que la ausencia de datos actualizados y accesibles constituye una violación directa de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, resalta que mantener disponibles las cifras actualizadas es un mandato constitucional y legal, reforzando el derecho fundamental al acceso a la información pública.
Además de las inconsistencias en cifras, han salido a la luz denuncias sobre demoras significativas en los pagos a contratistas estatales, incrementando el malestar entre los empleados y sus familias. Un correo interno del Ministerio de Hacienda señalado por EL COLOMBIANO confirmaba que los pagos de noviembre se harían con presupuesto de diciembre y, los de diciembre, hasta enero, una situación que la cartera atribuyó a procedimientos rutinarios. Sin embargo, estas aclaraciones no lograron disminuir las críticas, intensificadas por figuras políticas como Claudia López, quien denunció el impacto negativo sobre más de 63.000 contratistas.
En defensa de su administración, el actual ministro de Justicia, Andrés Idárraga, aseguró que las entidades que no cumplan con la actualización y transparencia deben ser investigadas por la Procuraduría y destacó la creación de estrategias como el decreto 1600 y el Portal Anticorrupción PACO. Sin embargo, el propio portal muestra rezagos en la publicación de datos actuales, lo que pone en evidencia la profundidad de los retos aún no resueltos en materia de transparencia y gestión estatal.
¿Qué efectos puede tener la falta de actualización en los portales de transparencia del Estado?
La pregunta sobre las consecuencias de la información pública desactualizada es crucial porque afecta tanto la vigilancia ciudadana como la legitimidad institucional. Si los datos no reflejan la realidad, las personas y los organismos de control no pueden ejercer de manera efectiva su derecho a la supervisión y tampoco pueden participar de manera informada en los debates públicos o en la evaluación de la gestión de los funcionarios.
De acuerdo con expertos citados en el propio artículo, la disponibilidad de datos claros y actualizados es la base para prevenir la corrupción y para garantizar el control social. El incumplimiento de este deber no solo incumple la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712-2014), sino que también erosiona la confianza en las instituciones y obstaculiza el desarrollo de políticas públicas eficientes y orientadas al bienestar colectivo.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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