Escándalo en Gobierno de Petro en pleno empalme: inflaron contrato a más de $ 12.000 millones
Una asesora de la dirección general de la Aeronáutica Civil tiró la toalla y radicó una dimisión irrevocable. En el documento denuncia presiones y acoso laboral
La ola de escándalos por presuntos “amarres” y contrataciones de última hora en las entidades del Estado sumó un capítulo altamente explosivo en la Aeronáutica Civil (Aerocivil). A las tensiones propias del proceso de empalme se sumó un verdadero terremoto institucional tras la renuncia irrevocable de Narda Duperly Roa Ibarra, quien se desempeñaba como asesora de la dirección general de la entidad encargada del control de la aviación en el país.
La funcionaria no se guardó nada en su carta de dimisión, radicada formalmente el jueves 2 de julio de 2026, en la que dejó constancia escrita de un presunto entramado de presiones indebidas para sacar adelante un negocio multimillonario antes de que se consume el cambio de gobierno.
En los apartes del documento conocidos en exclusiva por el diario El Tiempo, Roa Ibarra lanzó duras acusaciones contra otros miembros de la Aerocivil, asegurando que su integridad profesional estaba bajo ataque por negarse a convalidar un proceso contractual que, según sus análisis técnicos, carece de legalidad:
“Presento renuncia formal e irrevocable (…) Las razones de mi decisión obedecen al acoso laboral del que he venido siendo víctima, por parte de algunos funcionarios de la entidad, los que me constriñen a firmar algunos estudios previos para la contratación directa de un contrato cuya legalidad he cuestionado y dejado la respectiva trazabilidad vía correo electrónico”, reza textualmente la misiva.
La investigación periodística estableció de inmediato que el polémico objeto de discordia es el contrato para el Sistema de Gestión Documental (SGDA) de la Aerocivil, un servicio que venía ejecutando históricamente la empresa estatal de correos 4/72.
La lupa de las autoridades y de los investigadores independientes se posó sobre las bitácoras de correos electrónicos y constancias que la propia funcionaria saliente dejó como blindaje jurídico. En dichos documentos, Roa Ibarra cuestionaba con insistencia un incremento presupuestal astronómico e injustificado: ¿por qué un contrato que en enero pasado había sido tasado y firmado por 400 millones de pesos, ahora iba a saltar abruptamente a más de 12.000 millones de pesos?
La justificación interna de la Aerocivil para defender semejante adición de recursos era la supuesta adquisición de una licencia tecnológica para migrar la plataforma actual del SGDA a una nueva interfaz denominada Control-DOC. Sin embargo, las alarmas técnicas se encendieron al revisar los borradores:
Licenciamiento vs. Compra: fuentes enteradas del proceso advirtieron que los estudios previos radicados hablan textualmente de un “licenciamiento” y no de una compra de propiedad intelectual.
Precios desfasados: de acuerdo con expertos del sector informático, un licenciamiento de esas características no supera los 400 millones de pesos en las condiciones actuales del mercado, por lo que el monto total pretendido estaría gravemente inflado.
Este escándalo no es un hecho aislado. Hace apenas tres meses se había denunciado una seguidilla de contratos millonarios en la Aerocivil que forzaron la dimisión de otro alto directivo y obligaron al Ministerio de Transporte a ordenar una auditoría especial.
Según fuentes cercanas al comité de contratación de la Aerocivil, esta es la segunda vez que sectores internos intentan imponer este mismo contrato con el sobrecosto millonario. En la primera oportunidad, el anterior comité de contratación —el mismo que en su momento frenó un polémico negocio de pólizas de seguros— se había negado rotundamente a darle vía libre por sus inconsistencias.
El coletazo de esta denuncia promete agravar la crisis interna de la Aerocivil. En los pasillos de la entidad se da como un hecho la inminente renuncia del secretario general, Nelson Alirio Muñoz, quien al igual que la asesora dimitente ha mantenido una postura de rechazo vertical frente a este y otros contratos de última hora que buscan comprometer las finanzas de la aviación civil colombiana.
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