Por eso, la Superintendencia de Vigilancia hizo una inspección y visita técnica en febrero del año pasado, para verificar si la celaduría del edificio Luz Marina —ubicado en el prestigioso barrio Rosales, en Bogotá— funcionaba conforme a las normas, indicó La W.

La emisora señala que los inspectores tomaron registros fotográficos, hablaron con el celador de turno de aquel momento, y solicitaron documentos al consejo y administración para “obtener información necesaria” sobre el “desarrollo de los objetivos encomendados, conforme a las disposiciones legales vigentes”. Sin embargo, no se conocen los resultados de dicha inspección.

Ahora esa edificación está en la mira de la justicia por el caso de la vigilante Edy Fonseca, que fue obligada a hacer turnos de 24 horas por un mes, y que actualmente se encuentra hospitalizada por recaídas en su salud.

Las autoridades intentan establecer, de acuerdo con el medio, si esa primera alerta que se hizo hace un año hubiese evitado la inhumana situación por la que pasó Fonseca, que fue calificado como “trata de personas” por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y de esclavitud por periodistas como Felipe Zuleta y Vicky Dávila.

La Fiscalía investiga si hubo constreñimiento legal y lesiones personales, explicó Nixon Adriano Forero (abogado de la víctima) que también detalló que se va a interponer una queja ante el Ministerio de Trabajo.

Pese a que Fonseca le llovieron ofertas de trabajo, luego de que la echaran del edificio Luz Marina por salir en ambulancia, todavía no ha podido volver a la vida laborar porque sigue en delicado estado de salud por el cuadro de estrés que tuvo, cuando sufrió el indignante trato.