El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La reciente controversia sobre supuestos lazos entre la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), actualmente identificada como Estado Mayor de los Bloques y Frente y dirigida por Calarcá, y altos funcionarios militares, ha provocado una oleada de reacciones y tensiones en Colombia. Noticias Caracol reveló, a través de documentos incautados en un retén militar, la existencia de presuntas comunicaciones que vincularían a estos grupos ilegales con mandos de la Fuerza Pública y miembros de entidades estatales como la Dirección de Inteligencia del Estado (DNI), específicamente mencionando al general (r) Juan Miguel Huertas y al funcionario Wilmer Mejía.
Uno de los puntos más delicados surgió de una supuesta propuesta del general Huertas a la facción de Calarcá, planteando la creación de una empresa fachada de seguridad. Según la investigación, dicha empresa habría funcionado como una estructura legal capaz de ofrecer protección y movilidad a los miembros de la disidencia; esto, bajo el amparo de servicios aparentemente autorizados y con respaldo técnico, lo cual habría favorecido la operatividad de la organización bajo un manto de legalidad.
A raíz de la difusión pública de estos hallazgos, la disidencia se pronunció mediante un video, rechazando categóricamente las acusaciones. En la declaración, la organización insistió en que nunca ha existido contacto o colaboración alguna con la Policía, el Ejército o la inteligencia militar. Subrayaron que su relación con miembros de la Fuerza Pública ha estado limitada exclusivamente al ámbito de la mesa de paz, mediante la participación de observadores militares y policiales, y enfatizaron que esa interacción ha resultado ser más compleja incluso que el conflicto armado propio.
La coyuntura se agravó por el hecho de que estas revelaciones surgieron inmediatamente después de la finalización del séptimo ciclo de conversaciones de paz entre el Gobierno Petro y la disidencia de Calarcá, como reportó El Espectador. El grupo armado sostuvo que tales acusaciones buscan frenar los avances en la mesa de diálogo, desvirtuando las narrativas que los presentan como beneficiarios de fortalecer sus estructuras mediante la negociación con el Estado.
En el comunicado, los líderes del Estado Mayor de los Bloques y Frente también cuestionaron a sectores de la política tradicional, acusándolos de utilizar la coyuntura para desprestigiar el proceso de paz. La organización subrayó que su crecimiento como grupo armado se produjo durante el anterior Gobierno de Iván Duque y no como consecuencia de las actuales negociaciones.
No obstante la postura confrontativa, la facción ratificó su propósito de permanecer en la mesa de negociaciones y persistir en la búsqueda de la paz y la reconciliación nacional. Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación adoptó medidas preventivas, suspendiendo de manera provisional a Huertas y Mejía mientras se investiga la gravedad y autenticidad de los hechos. Por su parte, la Dirección Nacional de Inteligencia inició una revisión interna, afirmando haberse enterado de los señalamientos por medio de los medios de comunicación.
La revelación de estos archivos no solo ha supuesto un escándalo que afecta a individuos señalados, sino que también ha suscitado preocupaciones profundas sobre la legitimidad de la mesa de paz, el alcance de la infiltración de estructuras legales e ilegales y la capacidad del Estado para salvaguardar la integridad de sus instituciones. En este escenario de incertidumbre, el debate nacional se intensifica, poniendo bajo lupa tanto la credibilidad del proceso de paz como el futuro mismo de las conversaciones con la disidencia.
¿Por qué resulta relevante la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las disidencias de las FARC?
La pregunta surge frente al impacto que las recientes revelaciones pueden tener sobre la continuidad y legitimidad de los diálogos de paz en Colombia. La mesa de negociaciones representa uno de los principales escenarios institucionales para avanzar en la búsqueda de soluciones políticas al conflicto armado, garantizando la participación de distintos sectores y la posibilidad de acuerdos que contribuyan con la seguridad y la reconciliación nacional.
Cuando la integridad de este espacio es puesta en duda por la posible infiltración de actores ilegales o por presuntas alianzas non sanctas, aumenta la desconfianza social y se corren riesgos de retrocesos significativos en los frágiles avances obtenidos hasta el momento. Por eso, la transparencia y la solidez de las negociaciones son consideradas fundamentales para la consolidación de la paz en Colombia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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