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La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Colombia alertó en la red social X sobre la gravedad de la violencia armada que se vive en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. Según el comunicado publicado, se han contabilizado cuarenta y dos ataques indiscriminados en tan solo doce municipios del Cauca y cuatro de Valle del Cauca, una cifra que evidencia la magnitud de la problemática que enfrentan estas regiones del suroccidente colombiano.
La ONU detalló que estos actos de violencia han resultado especialmente letales: diecinueve civiles han perdido la vida, incluyendo una líder comunitaria y un líder social, al igual que ocho miembros de la fuerza pública. Además, al menos doscientas personas sufrieron heridas como consecuencia de los atentados. Esta información resalta no solo el costo humano de los hechos recientes, sino también el impacto social y el temor que generan en la ciudadanía, desplazando y afectando a numerosas comunidades de la zona, según informó Crónica del Quindío.
Recientemente, un ataque con carro bomba en el municipio de Suárez, Cauca, dejó dos personas muertas y tres heridas. Este hecho fue atribuido por las autoridades al Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias más poderosas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La ONU condenó enérgicamente este atentado, subrayando que el uso de explosivos indiscriminados, además de causar víctimas mortales y heridos, provoca pánico entre la población y daños significativos a bienes civiles.
La Oficina instó a los grupos armados no estatales, como el EMC y otras organizaciones presentes en la zona, a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los derechos humanos, recordando que los ataques indiscriminados están prohibidos por la normativa internacional. Así mismo, hizo un llamado para que se investiguen, juzguen y sancionen a los responsables de estos crímenes.
Además de exigir investigaciones y castigos, la ONU exhortó al Estado colombiano a fortalecer medidas preventivas y de protección, así como a garantizar la plena implementación de políticas de seguridad y de desmantelamiento de grupos armados ilegales. Estas recomendaciones adquieren relevancia dado que en el Cauca y el Valle del Cauca operan, además de las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas dedicadas al narcotráfico, que controlan cultivos de coca y rutas de tráfico internacional de drogas.
En los últimos meses, la región ha sido escenario de múltiples ataques similares cerca de instalaciones policiales, con un saldo fatal para civiles, policías y soldados. Este contexto retrata un panorama alarmante que requiere la atención y acción coordinada de las autoridades para proteger a la población y detener el avance de la violencia armada.
¿Qué instituciones están encargadas de la protección de los derechos humanos en regiones afectadas por grupos armados?
El papel de las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos es crucial en zonas donde la violencia armada pone en riesgo la vida y la seguridad de la población. Entre estas entidades, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos destaca por su labor de monitoreo y denuncia de agresiones, además de formular recomendaciones a los gobiernos y hacer llamados urgentes de protección.
En Colombia, tanto organismos internacionales como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General tienen la responsabilidad de salvaguardar los derechos fundamentales y asegurar que los hechos violentos sean investigados y sancionados. Estos esfuerzos deben enfocarse en las regiones donde la presencia de grupos armados ilegales es persistente y donde la población civil enfrenta diariamente amenazas y vulneraciones a sus derechos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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