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El primer semestre de 2025 se ha distinguido en Colombia por una alarmante escalada de violencia contra defensores de derechos humanos. De acuerdo con el informe 'La misma receta' elaborado por el Programa Somos Defensores, en este periodo se registraron al menos 78 asesinatos, lo que representa una muerte cada dos días. Esta cifra constituye un aumento del 20 % en comparación con el año previo, acompañado de la documentación de 342 agresiones, lo que revela la gravedad del riesgo que enfrentan quienes lideran luchas sociales, ambientales y territoriales en el país.
El informe subraya que la respuesta institucional a esta emergencia se ha centrado en una estrategia de militarización del conflicto social, en contraposición a la política de “seguridad humana” prometida por el actual Gobierno encabezado por Gustavo Petro. En lugar de fortalecer mecanismos de protección civil, ha habido una intensificación del despliegue militar, la reactivación de bombardeos y el retorno de los Frentes de Seguridad. Estas redes, conformadas por vecinos bajo coordinación de la Policía y en algunos casos empresas privadas, han sido señaladas por expertos como instrumentos que incrementan los riesgos y propician la estigmatización de comunidades defensoras.
El impacto negativo de estas acciones repercute en el tejido social, afectando emocional y socialmente a las poblaciones. Entre las principales víctimas de esta violencia sobresalen líderes comunales, campesinos, indígenas, afrodescendientes y defensores ambientales. Regiones como Catatumbo, Cauca, Nariño, Chocó y Arauca concentran la mayor parte de los hechos, enmarcadas en ambientes donde confluyen economías ilícitas, la presencia de grupos armados (como el Ejército de Liberación Nacional – ELN, disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC y las Autodefensas Gaitanistas – AGC), y un Estado con escasa capacidad de control efectivo.
A este contexto se suma el efecto de la disputa territorial por recursos naturales, la expansión del narcotráfico y el reacomodamiento de actores ilegales tras el desarme parcial de las FARC, según análisis de la Fundación Friedrich Ebert. La dinámica expone a las comunidades a un conflicto prolongado y multifacético donde la protección estatal es limitada y la continuidad de actores armados alterna con tentativas de diálogo de paz, sin garantías de seguridad duraderas.
El Programa Somos Defensores advierte, además, sobre el proceso de normalización de amenazas, fomentando autocensura y debilitamiento organizacional. Este fenómeno, reflejado en recientes estudios de la Universidad del Rosario, se vincula también con la criminalización de la protesta social, una táctica que mina la resistencia y pluralidad ciudadana.
Organizaciones internacionales tales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han exigido al Estado la priorización de políticas enfocadas en la prevención y protección de defensores, urgiendo reformas profundas en las estructuras de seguridad y el abandono de estrategias puramente militares, para garantizar la atención desde un enfoque de derechos humanos. Paralelamente, reportes oficiales del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (Siaddhh) coinciden en el auge de redes militarizadas civiles, situación que abre debates sobre derechos constitucionales y la necesidad de incluir activamente a las comunidades en la definición de soluciones.
Ante este panorama, el informe concluye que se requiere urgente articulación de estrategias públicas comprometidas con la inclusión, el respeto a la diversidad y la protección de los derechos fundamentales, para evitar la perpetuación de la violencia e impulsar la protección efectiva de quienes defienden la dignidad, la vida y el ambiente en Colombia.
¿Qué es el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (Siaddhh)?
El Siaddhh es una plataforma oficial encargada de recopilar y sistematizar datos sobre las agresiones dirigidas a defensores de derechos humanos en Colombia. Su función principal es documentar los hechos violentos, amenazantes o de estigmatización reportados, permitiendo así un seguimiento institucional y social más riguroso sobre la magnitud de la problemática. La atención a estos registros permite poner en evidencia vacíos en la protección y abre espacios para exigir al Estado la implementación de medidas adecuadas que garanticen los derechos de las víctimas y de quienes lideran procesos sociales en contextos de riesgo.
¿Por qué la militarización puede incrementar la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos?
De acuerdo con el informe 'La misma receta' y expertos citados, el aumento de la presencia militar y la reactivación de estrategias como los Frentes de Seguridad no solo resultan insuficientes para resolver conflictos humanitarios complejos, sino que pueden intensificar la estigmatización de las comunidades, asociándolas con actividades ilegales o convirtiéndolas en blanco de grupos armados. Además, la militarización desincentiva la participación ciudadana y erosiona la confianza en las instituciones, sumando factores de riesgo y obstaculizando el ejercicio efectivo de los derechos humanos y la labor comunitaria, lo que demanda una revisión urgente de los enfoques de seguridad.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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