El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La Universidad del Atlántico se encuentra inmersa en un momento de gran tensión institucional y política, evidenciado por la disputa en torno al nombramiento de su rector para el periodo 2025-2029. Esta coyuntura ha trascendido las diferencias administrativas para convertirse en un conflicto abierto, que se intensificó el 14 de octubre con el incendio registrado frente a la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social. El hecho, más que un incidente aislado, ha puesto de relieve una situación de polarización y confrontación cuyo trasfondo rebasa los muros universitarios y se inserta en la dinámica política, social y económica regional y nacional.
La razón detrás de la exacerbada disputa es clara cuando se observan las cifras: el presupuesto anual de la Universidad del Atlántico asciende a unos 494.000 millones de pesos, monto que incluso supera los fondos asignados a algunos Ministerios nacionales como Ciencia, que cuenta con cerca de 300.000 millones en 2024. Este dato —citando el análisis de medios nacionales como El Espectador— revela que el cargo de rector dejó de ser meramente académico para convertirse en una pieza estratégica, codiciada por los principales clanes políticos del Atlántico como los Char, Name y Gerlein. Así, la pugna por el rectorado refleja la competencia entre el poder local y el Gobierno Nacional, evidenciando a la universidad como un reflejo de los grandes pulsos de poder que marcan el día a día de Colombia, especialmente en vísperas de la campaña presidencial.
Ante este escenario, la respuesta de la rectora a cargo, Josefa Cassiani, ha sido propiciar espacios de diálogo y abrir un canal para esclarecer el proceso de designación. Su gestión busca mitigar la desinformación que alimenta la conflictividad, pero las peticiones de funcionarios administrativos de mayor edad, quienes solicitan opciones de trabajo remoto o mayor seguridad, reflejan el temor y el impacto que la crisis ha tenido sobre la integridad física y emocional de la comunidad. De acuerdo con comunicados institucionales y reportes de El Espectador, esta fractura interna pone en evidencia cómo la universidad, en lugar de consolidarse como escenario de debate académico, se ha transformado en un campo de enfrentamiento político y social.
En una perspectiva más amplia, la Universidad del Atlántico ilustra una problemática extendida en la educación superior pública de Colombia y de Latinoamérica según el Observatorio de Gobernanza Universitaria de la Universidad Nacional: la autonomía universitaria y los procesos de gestión están condicionados muchas veces por intereses políticos, lo que limita el desarrollo académico y la institucionalidad.
Esta coyuntura resalta la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia, participación y comunicación dentro de las instituciones públicas. Estudios internacionales, como el Informe Mundial de Educación Superior 2023 de UNESCO, insisten en que la estabilidad institucional y la legitimidad de los procesos dependen en gran medida de la participación genuina de la comunidad universitaria y del acceso a una información clara durante todas las etapas decisorias. Solo con estándares sólidos de gobernanza universitaria se podrá evitar que el clientelismo y la confrontación política empañen de manera recurrente la vida académica.
En suma, el presente episodio plantea interrogantes fundamentales sobre el rumbo de la universidad pública en regiones donde la influencia política condiciona sus agendas. Fortalecer la autonomía universitaria, profesionalizar la administración y salvaguardar los espacios de debate académico aparecen como retos ineludibles para recuperar la confianza y garantizar el derecho a la educación superior. Mientras tanto, la experiencia de la Universidad del Atlántico sirve como advertencia sobre el delicado equilibrio entre poder y educación, una relación que, mal gestionada, puede comprometer severamente el desarrollo académico y social en regiones clave del país.
¿Por qué la elección del rector tiene repercusiones políticas tan amplias? La pregunta surge porque la designación del rector no solo implica liderar los aspectos académicos de la universidad, sino también un control sobre un presupuesto considerable y sobre contactos clave en el ámbito regional y nacional. Según El Espectador y fuentes institucionales, el puesto se convierte en un punto estratégico donde confluyen intereses de los principales grupos políticos, ejerciendo influencia que puede trascender el ámbito educativo y alcanzar la toma de decisiones a nivel regional y nacional.
Este protagonismo del cargo rectoral obedece a la magnitud de los recursos en juego y al prestigio que conlleva liderar una universidad pública. Además, la injerencia de actores políticos convierte la universidad en un escenario político de disputa, lo que explica la intensidad de los conflictos recientes y previos.
¿Qué implica la autonomía universitaria y por qué se ve amenazada? La autonomía universitaria, según el Observatorio de Gobernanza Universitaria, es la capacidad de las instituciones de educación superior para gobernarse a sí mismas sin interferencias externas, tanto en asuntos administrativos como académicos. Sin embargo, la coyuntura actual revela cómo los intereses políticos pueden penetrar la vida universitaria y condicionar sus decisiones clave.
Este fenómeno afecta negativamente la independencia académica y limita el desarrollo institucional, al priorizar intereses particulares sobre las necesidades educativas y de investigación. La falta de mecanismos efectivos de participación y rendición de cuentas pone en riesgo la legitimidad y estabilidad de las universidades, como queda evidenciado en el conflicto en la Universidad del Atlántico.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
