En su intervención, que duró una hora, luego de escuchar a los senadores citantes a y a las víctimas que denuncian abuso de autoridad de la Policía, el ministro de Defensa comenzó por defender el “talante democrático de este gobierno y el respeto por los derechos de todos los colombianos”.

Luego, dijo, que la administración de Iván Duque “respeta la protesta pacífica, la garantiza como derecho sagrado”, pero justificó el accionar de la Fuerza Pública contra “la violencia y todas las vías de hecho que afectan los derechos de todos los colombianos”.

También destacó que la “asistencia militar” ordenada por el presidente evitó que se afectaran activos importantes de la Nación como las infraestructuras de petróleo, el cuarto de máquinas de Hidroituango y el suministro de gasolina, pues Molano atribuyó la mayoría de los disturbios a vándalos asociados a organizaciones criminales armadas que buscaban afectar las instituciones del Estado.

Pero en medio de todo ello, también entregó cifras sobre algunos hechos que ha dejado el paro y una de las que más llamó la atención fue que la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo consignaran en el sistema de búsqueda de personas en el marco de las protestas un número considerable de desaparecidos:

“Total de hechos presentados: 500. De ellas, 290 personas ya fueron ubicadas; con 113 personas no se abrió investigaciones porque no están plenamente identificadas y 129 están en activación del mecanismo de búsqueda”.

Sin embargo, según él, en el periodo de tiempo que cobija el paro nacional, desde el pasado 28 de abril, “solo hay una denuncia de desaparición forzada en la Fiscalía”.

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Denuncias de abuso policial en el paro Nacional

En cuanto a las actuaciones de los uniformados, Molano aseveró que cuando se cometen “actos irregulares, individuales” la Policía lo ha enfrentado “con toda contundencia”, y enfatizó en que la “inmensa mayoría [de los integrantes de la Fuerza Pública del país] son hombres de honor”.

Pero también entregó algunas cifras y aseguró que se tienen abiertas 144 investigaciones disciplinarias contra uniformados y enlistó algunas de ellas:

  • 71 por abuso de autoridad
  • 10 por homicidio
  • 31 por agresiones
  • 15 por lesiones personales
  • 2 por abuso sexual

Adicionalmente, y volviendo a citar los informes de las entidades de control, dijo que en el marco del paro se han registrado 43 muertes y que 17 de ellas se logró establecer que están relacionados con las protestas.

Y detalló que en 3 de esos casos que tienen que ver con policías “ya se han ordenado capturas”, que son los casos de Brayan Fernando Niño, de 24 años; Marcelo Agredo,  de 17 años: y Santiago Murillo, de 19 años.

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En cuanto al caso de Alison Meléndez, la joven que se quitó la vida presuntamente por los abusos que sufrió de uniformados del Esmad en Popayán, Molano criticó que se calificara a ese escuadrón de “violadores” y fuera tendencia en redes sociales, luego de que esta tarde la Fiscalía desestimara la denuncia de abuso sexual contra la menor de 17 años y dijera que investigará otros delitos.

Sobre ese Escuadrón Antidisturbios finalizó diciendo que en 20 años desde que fue creado se han fallado 3 casos de asesinatos cometidos por sus agentes: “Yo quisiera invitarlos a que hablaran con un policía del Esmad. Se les pinta como unos monstruos y resulta que son unos héroes”.

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Protocolo para garantizar la protesta social

Sobre este punto en particular, uno de los más mencionados en el debate, Diego Molano aseguró que la misma Policía ha establecido normas y “procedimientos para respetar la protesta pacifica y garantizar el adecuado uso de la fuerza”.

Y se refirió al fallo que profirió la semana pasa el Tribunal Superior de Bogotá contra varias entidades entre las que están el Ministerio de Defensa y la Policía por incumplir el fallo que ordenó establecer los protocolos para respetar los derechos durante las protestas sociales, proferido por la Corte Suprema de Justicia.

Y expresó: “No hay ningún juez que haya dicho que estamos incumpliendo. Acabamos de presentar las respuestas a esa solicitud diciendo que cumplimos”. Según él, existió una mesa de diálogo con marchantes y no marchantes en al menos 9 reuniones para establecer un “estatuto que  definiera cómo se participa en la protesta pacífica y lo estamos cumpliendo”.

Además, aseguró que a diario los funcionarios de la Defensoría del Pueblo verifican “que el policía tenga la identificación, la información de derechos humanos y las armas menos letales para poder actuar y desarrollar sus operativos”. No obstante, a diario se ven varios uniformados que ocultan por completo sus números de identificación cuando acuden a las protestas.

Adicionalmente, Molano señaló que conoce los movimientos de sus hombres, pues “cada policía y cada unidad reporta diariamente lo que se esta haciendo”.

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Violencia sistemática contra el Estado

En su extensa intervención, Molano también insistió en que la discusión no debería centrarse en los heridos que son civiles o los que son policías, sino en “qué tiene que hacer el Estado para que esa violencia cese”, pues según dijo tiene otras motivaciones:

“No la origina la Policía, la originan unas organizaciones criminales y unos violentos que buscan afectar la estabilidad de Colombia. Nos solidarizamos con todos”.

Y nuevamente insistió en justificar el actuar de la policía: “Cuando se lanza la primera piedra se acaba la manifestación pacífica, y entonces es necesario que la fuerza legítima del Estado y la autoridad actúe. Mas de 8.600 protestas han pasado y la Policía las ha apoyado, pero en 1.115 oportunidades se han generado disturbios y afectaciones“.

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“Eso no es vandalismo, destruir una institución pública es un hecho violento y puede ser calificado de terrorista”, añadió al insistir en que han visto un ataque sistemático a varias ciudades en los que un día se ataca a los bancos, otro día a las entidades gubernamentales, otro a los sistemas de transporte, etc.

Por ejemplo, sobre Popayán, dijo que “afectaron la justicia” y apuntó nuevamente hacia organizaciones criminales: “¿Quién fue y quién estaba detrás. Fue premeditado, organizado y financiado para destruir historiales de justicia de las disidencias de las Farc y del Eln que llevan años reposando allí en esta Fiscalía. Es terrorismo”.

Aquí puede consultar la intervención de Diego Molano, titular del Ministerio de Defensa:

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