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Cerca de 500 personas pertenecientes a la comunidad indígena de Villa Nueva, ubicada en el corregimiento de Jurubidá, municipio de Nuquí, en el departamento del Chocó, se vieron obligadas a abandonar sus hogares durante la tarde del domingo 1 de noviembre. La Defensoría del Pueblo atribuyó este desplazamiento forzado al temor generado en la zona por la presencia y los enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el grupo criminal conocido como Clan del Golfo, lo que ha generado una situación de constante amenaza para la población local.
Entre quienes tuvieron que salir de su territorio se encuentran niñas, niños, mujeres, personas mayores y autoridades tradicionales. De acuerdo con información suministrada por la Defensoría del Pueblo, en los primeros días la comunidad desplazada permaneció en Jurubirá, una población afrodescendiente de la zona. Posteriormente, el 3 de noviembre, el grupo logró trasladarse hasta la cabecera municipal de Nuquí, donde permanece refugiada en el coliseo local.
Esta emergencia humanitaria ocurrió poco después de que la Defensoría del Pueblo emitiera una alerta sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en el área, mediante un oficio relacionado con la Alerta Temprana número 9 de 2024. El pronunciamiento oficial se produjo luego del hallazgo de dos personas asesinadas y el posible secuestro de una tercera en la región de Villa Nueva. Una de las víctimas identificadas fue Ramiro Forastero, líder indígena y exgobernador del territorio de Villa Nueva Jurubidá. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Ramiro Forastero y su hijo Elmer fueron secuestrados el 24 de octubre y sus cuerpos aparecieron cuatro días más tarde.
Indepaz registró el caso de Ramiro Forastero como el asesinato número 132 de un líder social en el año en curso, un dato preocupante que resalta el creciente riesgo para las comunidades indígenas de la región. Estos hechos violentos habrían sido la causa del desplazamiento de las cerca de 500 personas del pueblo Emberá Dobidá. Además, la Defensoría del Pueblo alertó que en el interior del territorio el ambiente de inseguridad se mantiene y podría provocar una nueva ola de desplazamiento, especialmente en la comunidad de Puerto Indio, compuesta por unas 300 personas, que contempla abandonar su territorio por temor a la violencia.
La Defensoría insistió en la necesidad de que las autoridades nacionales, departamentales y municipales actúen de manera coordinada para atender a la población desplazada, solicitando medidas urgentes como la provisión de alimentos, agua potable, atención en salud y alojamiento temporal digno, con un enfoque particular en las necesidades étnicas y diferenciadas.
¿Por qué fue desplazada la comunidad indígena de Villa Nueva en Nuquí, Chocó?
La comunidad de Villa Nueva fue desplazada debido al temor provocado por la presencia y los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, especialmente el Eln y el Clan del Golfo. Según la Defensoría del Pueblo, la situación de inseguridad surgió tras varios asesinatos, incluido el del líder Ramiro Forastero, y la posibilidad de secuestros en el área, lo que llevó a los habitantes a abandonar sus hogares para resguardar su vida.
¿Qué medidas pide la Defensoría del Pueblo frente al desplazamiento en Chocó?
La Defensoría solicitó acción conjunta de autoridades nacionales, departamentales y municipales para garantizar atención humanitaria inmediata. Esto incluye alimentación, agua potable, salud y alojamiento digno, así como protección especial y actividades preventivas específicas para comunidades indígenas y afrodescendientes en riesgo. Además, promovió el fortalecimiento de rutas de atención para víctimas de desplazamiento forzado y la coordinación de transporte seguro cuando las condiciones lo permitan.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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