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Colombia enfrenta una decisión crucial, pues el gobierno de Estados Unidos evaluará si mantiene o retira la certificación que otorga al país por su cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Esta certificación no es una simple formalidad diplomática, sino un reconocimiento legal con consecuencias concretas. En caso de descertificación, Colombia podría perder acceso a ayudas económicas, militares y programas sociales esenciales para combatir el narcotráfico, lo que representaría un duro golpe tanto en lo diplomático como en materia de seguridad.
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El contexto de esta situación es complejo y se debe principalmente al aumento récord de cultivos ilícitos en Colombia, que según cifras oficiales alcanzan más de 260.000 hectáreas de hoja de coca registradas en 2023. Este crecimiento del 10% en comparación con años anteriores dificulta los avances en la erradicación y el control del narcotráfico, poniendo en entredicho el compromiso y efectividad del gobierno colombiano en esta lucha. El presidente Gustavo Petro ha mostrado disposición a retomar estrategias más contundentes, como la posibilidad de reactivar la aspersión aérea con glifosato, reconociendo la gravedad del problema con la frase: “a grandes males, soluciones extremas”. Desde Estados Unidos se observan tres escenarios posibles: certificación plena, certificación con condicionamientos o la temida descertificación total.
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La descertificación significaría la suspensión inmediata de la cooperación bilateral, afectando recursos claves para la seguridad y el desarrollo social en Colombia. No obstante, algunos analistas consideran que la descertificación completa es poco probable, ya que Colombia sigue siendo un socio estratégico para Estados Unidos en la región, especialmente por su geografía y su papel en las rutas del narcotráfico y la presión migratoria venezolana. Sin embargo, la amenaza de la descertificación funciona como “una espada de Damocles política”, usada para incrementar la presión sobre Bogotá para alinearse con los intereses de Washington.
Finalmente, la canciller colombiana Rosa Yolanda Villavicencio ha señalado que el país tiene un compromiso serio con esta causa y espera que la evaluación estadounidense se realice con objetividad, pues considera que “una descertificación perjudicaría al país y no representaría una ayuda”. De hecho, la delicada situación subraya que la lucha contra el narcotráfico en Colombia no solo depende de acciones locales, sino también de mecanismos internacionales de cooperación que, de romperse, beneficiarían directamente a los grupos criminales involucrados en esta cadena ilícita, dejando a la sociedad colombiana en una posición aún más vulnerable.
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Por su parte, el embajador Daniel García Peña, acompañado del comandante General de las Fuerzas Militares y el director de la Policía, se reunieron en EEUU con el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y la DEA por la certificación.
#PolíticaEnCanal1 | Termina la agenda del embajador @danigarciapena, acompañado del Comandante General de las Fuerzas Militares y el Director de la Policía, por la certificación.
Se reunieron en EEUU con el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y la DEA. pic.twitter.com/fLqdR1lLMi
— Canal 1 (@Canal1_Col) September 15, 2025
Esta coyuntura pone sobre la mesa la importancia de la certificación antidrogas, no solo como un sello diplomático, sino como un pilar en la lucha contra el narcotráfico que requiere estrategias claras, compromiso y resultados concretos para evitar consecuencias graves para la seguridad, la economía y el bienestar social de Colombia. La decisión estadounidense marcará un punto de inflexión en este largo proceso
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