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El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo, principal centro asistencial del municipio, anunció el cierre temporal de numerosos servicios ambulatorios y de consulta externa dirigidos a los usuarios afiliados a la Nueva EPS. Esta drástica decisión, comunicada recientemente por la gerencia de la Entidad Social del Estado (E.S.E.), responde a una grave crisis financiera causada por una cartera morosa que supera los $2.628 millones. Según cifras disponibles, esta situación pone en riesgo la viabilidad financiera del hospital, dejando en una situación de vulnerabilidad a cerca de 10.000 personas pertenecientes al régimen subsidiado, quienes representan un porcentaje significativo de los 26.086 afiliados de la Nueva EPS en el territorio.
La administración del hospital expresó que, ante la imposibilidad de cumplir con los pagos a proveedores, especialistas y personal médico, la prestación regular de los servicios se ha visto severamente comprometida. La gerente, Claudia Jimena Sánchez, destacó que como municipio y en calidad de administración pública se optó por salvaguardar la institución, ya que el reiterado incumplimiento en los acuerdos de pago por parte de la Nueva EPS ha generado una crisis de flujo de caja, amenazando la continuidad operativa del centro asistencial.
En consecuencia, los servicios que quedan suspendidos incluyen la consulta médica general, el laboratorio clínico, las terapias, los rayos X ambulatorios y la consulta externa especializada. No obstante, se mantendrán los servicios prioritarios como atención de urgencias, hospitalización, controles prenatales, atención pediátrica y los procesos de referencia y contrarreferencia hacia la ciudad de Cali, según informaron las directivas del hospital. Se recalca que únicamente los servicios programables y con cita, que solían atenderse en un plazo de entre tres y cinco días, están afectados por la suspensión.
Distintos actores del sector salud, entre ellos la Secretaría de Salud, la Alcaldía de Yumbo, la Personería y la Defensoría del Paciente, participaron a lo largo de 2025 en varias mesas de concertación. Sin embargo, según versiones oficiales recogidas por el hospital y declaradas por Olga Mariño, secretaria de Salud local, los compromisos asumidos por la Nueva EPS no se cumplieron. Se identifican como principales problemas la falta de pago de la cartera vencida, devoluciones masivas de facturas, errores en las rutas de remisión, retrasos en la entrega de medicamentos y el estancamiento en la validación de servicios prestados, retrasos que afectan de forma directa a los usuarios más vulnerables.
El impacto de esta problemática es aún mayor si se considera que la red hospitalaria de Cali experimenta dificultades similares por incumplimientos financieros, lo que limita la capacidad de remisión de pacientes a centros de mayor complejidad. Además, se ha observado un aumento en la llegada de pacientes con enfermedades crónicas descompensadas, consecuencia directa de la interrupción en la entrega de medicamentos esenciales para patologías como diabetes e hipertensión. Por tal motivo, la Secretaría de Salud de Yumbo ha solicitado a la Nueva EPS un plan de contingencia que permita definir cómo serán cubiertos los servicios suspendidos, mientras se busca una solución definitiva a la crisis financiera. Hasta que la entidad administradora de salud no responda de manera satisfactoria, la gerencia del hospital advierte que la suspensión de servicios continuará vigente.
¿Qué es una cartera morosa y por qué impacta tanto al sector salud?
El término “cartera morosa” se utiliza en el sector financiero y de salud para señalar deudas acumuladas que un cliente, como una aseguradora, mantiene impagas con sus proveedores de servicios. En el contexto hospitalario, la existencia de una cartera morosa significa que el hospital no ha recibido los recursos correspondientes por los servicios ya prestados, dificultando así el pago de nóminas, insumos médicos y funcionamiento general.
Este fenómeno es especialmente crítico en instituciones públicas o de bajo margen financiero, pues limita la adquisición de suministros y medicamentos esenciales, compromete la contratación de especialistas y pone en riesgo la prestación continua de los servicios básicos de salud, afectando a un gran número de usuarios que dependen de la red pública asistencial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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