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María Isabel Urrutia, una de las ministras que salió del Gobierno de Gustavo Petro en el primer “remezón” ministerial ocurrido el pasado 27 de febrero, fue imputada por la Fiscalía, hace varios días, por el delito de firmar contratos sin cumplimiento de requisitos legales por la “firmatón” de contratos que, al parecer, hizo antes de abandonar el Ministerio del Deporte.
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De acuerdo con el ente acusador, la exjefe de cartera “ordenó dar por terminado de manera selectiva y subjetiva 106 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, los cuales tenían una vigencia de cuatro meses”. Luego, por orden de la entonces ministra, se recontrató nuevamente al personal por un término mayor, hasta diciembre de 2023.
La Fiscalía argumentó, en una audiencia el pasado 14 de junio, que Urrutia tenía pleno conocimiento de las condiciones y normas por las que debe realizar cualquier contrato con la entidad y, aun así, las hizo a un lado.
Tras la imputación en la que Urrutia no aceptó cargos, la Fundación Defensa de Inocentes asumió su defensa y señaló que los abogados Daniel Caicedo y Juan Camilo Sanclemente probarán que “la exfuncionaria no incurrió en algún delito”.
En diálogo con Blu Radio, el abogado Caicedo aseguró que demostrarán la inocencia de la exfuncionaria porque ella “no firmó esos contratos”.
“En primer lugar, la ministra no firmó esos contratos. Los ministros no firman contratos de prestación de servicios porque esas son funciones que están delegadas”, aseguró el abogado penalista.
Así mismo, sostuvo que, en el caso de la recontratación de esos 106 cargos, “lo que se hizo fue agilizar este tipo de contrataciones para que el Ministerio no sufriera ningún tipo de interrupción en su labor misional”, indicó el abogado.
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Urrutia está a la espera del juicio en el que se definirá su suerte. Desde el comienzo del caso, la Fiscalía dejó claro que no solicitaría la imposición de medida de aseguramiento contra ella, por lo que la exministra se defiende en libertad.
La exfuncionaria también está siendo investigada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y la Procuraduría.
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