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Daniel Quintero Calle, quien recientemente asumió como superintendente de Salud en Colombia, emprendió su gestión sosteniendo reuniones clave con los agentes interventores de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que actualmente se encuentran bajo el control del Gobierno. De acuerdo con información publicada por El Colombiano, este primer acercamiento forma parte de una serie de encuentros programados con el objetivo de establecer líneas de acción claras y contundentes en torno a la administración del sector salud, en un contexto marcado por la estricta vigilancia sobre el uso de los recursos públicos y la protección de la atención en salud, especialmente para los sectores vulnerables como la niñez.
Durante la reunión inicial, Quintero comunicó que la Superintendencia Nacional de Salud, que ahora lidera, adoptará una postura de "cero tolerancia con la corrupción" y establecerá la "acción penal inmediata cuando se ponga en riesgo la atención de niños y niñas". La declaración se enmarca en la controversia que rodea su nombramiento, dado que el exalcalde de Medellín enfrenta imputaciones por peculado por apropiación y prevaricato por acción, es decir, por presunto robo de recursos públicos y emisión de decisiones ilegales.
Uno de los temas centrales expuestos por Quintero fue la denuncia de que clínicas y hospitales están siendo objeto de presiones para pagar comisiones ilegales que oscilan entre el 7% y el 20%, con el fin de agilizar el cobro de sus servicios prestados. Según lo relatado en el reportaje, Quintero advirtió de manera directa a los interventores que quien disponga de información sobre estas prácticas y omita reportarla se convierte en cómplice, enfatizando así en la corresponsabilidad de los funcionarios dentro del proceso de control y vigilancia del sector.
El mensaje dirigido a los agentes interventores y demás representantes de las EPS fue contundente: cualquier persona que participe, encubra o no denuncie actos de corrupción enfrentará consecuencias penales, y la Superintendencia trasladará de forma inmediata los casos críticos a las autoridades competentes, especialmente cuando esté en juego la integridad de los menores de edad.
Este enfoque inaugura una nueva estrategia de control caracterizada por el establecimiento de canales de reporte directo entre interventores y la oficina del superintendente, permitiendo así un seguimiento permanente de los casos considerados más delicados o urgentes. Además, invita a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), usuarios y ciudadanía en general a contribuir haciendo denuncias a través de los canales oficiales de la entidad.
Por su parte, Quintero hizo énfasis en la obligación de cada EPS de poner en marcha planes de choque específicos para la atención de la infancia y la solución oportuna de problemas relacionados con medicamentos, así como la gestión de PQRS, es decir, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, herramientas fundamentales para conocer y responder a las demandas del sistema de salud.
La gestión y vigilancia sobre las EPS se enmarca en una coyuntura desafiante, donde la transparencia, la eficacia en la atención y la protección de recursos públicos resultan prioridades nacionales, y donde la comunidad debe mantenerse involucrada mediante canales institucionales de denuncia y control.
¿Por qué han sido intervenidas varias EPS por la Superintendencia Nacional de Salud?La intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud corresponde a la necesidad de garantizar la adecuada prestación de servicios de salud, la administración correcta de los fondos públicos y el respeto de los derechos de los usuarios. Cuando se detectan irregularidades como mala atención, retrasos en los pagos a clínicas y hospitales, o posibles actos de corrupción dentro de las EPS, la entidad, según se detalla en fuentes como El Colombiano, actúa para asumir el control temporal de la gestión administrativa y financiera de estas organizaciones.
La relevancia de estas intervenciones radica en que las EPS tienen la misión de asegurar el acceso efectivo y oportuno a la salud en el sistema colombiano. Las medidas adoptadas buscan corregir fallas estructurales, proteger a la población más vulnerable—especialmente menores de edad—y optimizar la utilización de los recursos públicos destinados al bienestar colectivo. La intervención representa un recurso de vigilancia que permite fortalecer la confianza ciudadana en el sistema y fomentar la transparencia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra
El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.
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