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La investigación por la muerte de Yulixa Toloza, de 52 años, quien murió luego de un procedimiento estético, en el centro ilegal Beauty Láser, podría abrir un nuevo frente judicial.
(Vea también: ¿Le robaron mientras moría? El macabro giro en el caso de Yulixa Toloza que enreda a sus amigas)
Además de los procesos penales por homicidio y desaparición forzada, la representación de las víctimas estudia solicitar a la Fiscalía que examine una eventual acción de extinción de dominio sobre bienes y recursos asociados a los principales implicados en el caso.
La iniciativa surge tras conocer las declaraciones de una auxiliar que trabajó en el establecimiento y aseguró públicamente que en ese lugar se habrían realizado entre 500 y 600 procedimientos estéticos. Aunque esa cifra la contrastan las autoridades, para el apoderado de las víctimas, el abogado Juan Camilo Caicedo, plantea interrogantes sobre el volumen económico que habría movido el negocio, así como el origen y el destino de esos recursos.
“Si han hecho 500 o 600 procedimientos estéticos, con costos altos, algunos de más de COP 10 millones, ¿cuánto dinero habrá obtenido esa fachada de centro estético? Entonces hay que preguntar ¿dónde están la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF y la DIAN y qué pasó con esos recursos? También corresponde analizar una posible extinción de dominio, porque provendrían de una actividad ilegal”, señaló Caicedo.
Su hipótesis amplía el alcance de una investigación que, hasta ahora, se ha concentrado en establecer las responsabilidades por la muerte de Toloza y el posterior intento de ocultar lo ocurrido.
De prosperar esa línea, las autoridades no solo tendrían que determinar quiénes participaron en el procedimiento médico y en la desaparición del cuerpo, sino también reconstruir el funcionamiento económico de Beauty Láser, establecimiento que operaba sin las condiciones exigidas para realizar intervenciones invasivas, como la que le practicaron a Yulixa.
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