Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por pulzo   Ago 13, 2026 - 11:50 am
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La reciente visita de Iris Marín Ortíz, defensora del Pueblo, al departamento del Chocó, evidenció la profundidad de la crisis humanitaria ocasionada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, cuyo epicentro fue en San José del Palmar. De acuerdo con lo informado durante su recorrido, la funcionaria recorrió varios puntos afectados en Quibdó, como los barrios El Futuro 1 y Medrano, la Universidad Tecnológica y el Hospital San Francisco de Asís. Esto permitió conocer en detalle el impacto del sismo, que dejó no solo pérdidas materiales y afectaciones graves a la infraestructura, sino también cientos de familias desplazadas en condiciones precarias y con gran incertidumbre sobre el futuro.

Uno de los aspectos críticos que expuso Marín Ortíz es la situación en el albergue habilitado en el Coliseo de Boxeo de Quibdó. A pesar de haberse dispuesto como medida de emergencia, la defensora indicó que resulta insuficiente ante la magnitud del desastre: faltan colchonetas y no hay una separación adecuada entre grupos familiares. Según sus declaraciones, urge avanzar en los censos para dimensionar el número real de damnificados y, con base en esa información, buscar soluciones de vivienda y alivios económicos.

La crisis hospitalaria también fue documentada durante la visita. Marín Ortíz constata que el hospital principal enfrenta una sobreocupación del 160 %, aunque subraya la coordinación entre las diferentes instancias de gobierno para responder a la emergencia. Sin embargo, advirtió dificultades persistentes, como la falta de conectividad estable y el acceso limitado a internet, que obstaculizan aún más la atención oportuna de los heridos.

Otro de los llamados prioritarios de la Defensoría del Pueblo tras conversaciones con las comunidades gira en torno a la atención psicosocial, especialmente para niñas, niños y adolescentes impactados no solo en su bienestar físico sino también en el emocional. El apoyo social, resaltado por la propia comunidad chochoana, contrasta con el sufrimiento colectivo, multiplicado por las carencias que rodean a los lugares más golpeados.

Marín Ortíz pidió al Gobierno Nacional que, si se declara la emergencia económica y social, se facilite el acceso a créditos para la reconstrucción, llamando la atención sobre las dificultades que enfrentan los habitantes para acceder a préstamos hipotecarios, debido, entre otras, a problemas de titularidad de la tierra. Además, solicitó atención urgente a 32 asentamientos indígenas que no han recibido apoyo estatal y al Litoral del San Juan, donde persiste falta de información consolidada sobre los daños.

Por último, subrayó la importancia de alinear cifras entre el Gobierno Nacional y autoridades locales, insistiendo en la realización de censos en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca para dimensionar con precisión la tragedia y orientar la respuesta institucional, de acuerdo con la información comunicada por la Defensoría del Pueblo.

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¿Cuáles son los principales problemas en los albergues tras el terremoto en Chocó según la Defensoría del Pueblo?

Según la defensora Iris Marín Ortíz, los albergues, como el del Coliseo de Boxeo de Quibdó, presentan deficiencias graves: no hay suficientes colchonetas, no existen espacios separados por familias y la capacidad resulta insuficiente para la cantidad de personas damnificadas, lo que evidencia la urgencia de soluciones estructurales y apoyo adicional.

¿Por qué es fundamental el censo de afectados por el terremoto en Chocó y qué dificultades enfrenta?

La Defensoría del Pueblo remarca que sin un censo actualizado es imposible conocer con certeza la magnitud de la tragedia ni orientar con eficacia los apoyos y recursos necesarios. Entre las dificultades destacan la falta de acceso a zonas remotas, la diferencia en cifras entre Nación y autoridades locales y la necesidad de incluir comunidades rurales e indígenas en el registro.


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