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La crisis en la Universidad del Atlántico ha alcanzado un punto crítico, al punto que el ministro de Educación, Daniel Rojas, solicitó públicamente la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) ante el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía y la Gobernación del Atlántico. Esta petición, hecha a través de su cuenta en X, surge en respuesta al prolongado paro que afecta a la que es considerada la institución de educación superior pública más grande del Caribe colombiano. La preocupación principal del ministro radica en la seguridad y el respeto a los derechos humanos dentro del campus, tras haber recibido denuncias que involucran la posible presencia de personas armadas y ajenas a la universidad, quienes habrían ingresado con la supuesta intención de intimidar a estudiantes y profesores durante una asamblea multiestamentaria.
Según los testimonios y los videos recopilados, las amenazas a la integridad de quienes reclaman en la universidad han sido evidentes, lo que motivó el llamado urgente a las autoridades nacionales y regionales. Rojas enfatizó la necesidad de que situaciones de paramilitarismo, que formaron parte de la historia reciente de las universidades públicas colombianas, no se repitan. Frente a la inacción de las autoridades locales, el ministro fue enfático en solicitar la intervención del orden nacional. De acuerdo con información entregada a El Espectador desde la Universidad del Atlántico, es difícil determinar la identidad de quienes han ingresado de manera irregular, ya que el control de acceso lo mantienen actualmente los “tomistas”, estudiantes que apoyan el paro y deciden quién accede a las instalaciones.
El origen del descontento recae en la designación de Leyton Barrios como rector de la universidad, un nombramiento que ha generado rechazo entre buena parte de la comunidad académica. No obstante, esta decisión fue recientemente respaldada por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, que dejó en firme su elección. El trasfondo del conflicto se relaciona también con la importancia del cargo: la rectoría de la Universidad del Atlántico gestiona un presupuesto aproximado de COP $445.000 millones para 2025, lo que la convierte en un escenario altamente apetecido por los clanes políticos regionales, entre ellos, los Name, los Gerlein y los Char.
El proceso de selección del rector ha estado marcado por la modificación del artículo 29 del Estatuto del CSU, que ahora permite la reelección del rector, abonando el terreno para que figuras como Danilo Hernández, vinculado a la familia Char, pudieran aspirar a un segundo periodo. Sin embargo, la consulta a la comunidad educativa, aunque no define la elección, reflejó las tensiones internas y el protagonismo de actores políticos externos en la toma de decisiones universitarias.
A la par de las dificultades en Barranquilla, estudiantes de la sede de Sabanalarga denunciaron ser estigmatizados y señalados por algunos líderes del paro durante las asambleas, lo que evidencia fracturas dentro del mismo movimiento estudiantil. Estas divisiones y la falta de claridad sobre la seguridad interna han llevado al Ministerio de Educación a ordenar a la Subdirección de Inspección y Vigilancia utilizar todas las herramientas legales y constitucionales disponibles para intervenir, siempre respetando el debido proceso.
¿Qué implica la intervención del Ministerio de Educación en la Universidad del Atlántico?
El llamado del ministro Rojas a activar un Puesto de Mando Unificado e instruir a la Subdirección de Inspección y Vigilancia muestra la dimensión del conflicto en la universidad, así como la relevancia de que el Estado cuente con mecanismos formales para responder a crisis en instituciones de educación superior. En contextos donde convergen intereses políticos, presupuestarios y demandas estudiantiles, el papel de las autoridades se vuelve crucial para restaurar la confianza, garantizar la seguridad y asegurar que los procesos internos, como la elección de rector, se realicen bajo los principios de legalidad y transparencia.
Esta situación plantea interrogantes sobre la autonomía universitaria, la influencia de factores externos y la capacidad de respuesta institucional ante hechos que ponen en tela de juicio la integridad de la comunidad académica. La vigilancia activa y transparente es esencial para salvaguardar el espacio universitario como un escenario de discusión plural y pacífica.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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