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La crisis en torno a la intervención estatal de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia ha escalado hasta convertirse en un episodio de enfrentamientos públicos entre altos funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Nacional. En el núcleo del conflicto se encuentran las acusaciones de mala gestión y un presunto desvío de recursos en el sistema de salud, contexto que se ha convertido en campo de batalla político para el presidente Gustavo Petro, la exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal, la embajadora en el Reino Unido Laura Sarabia y su cercano colaborador Jaime Ramírez Cobo.
Durante un evento, el presidente Petro señaló directamente a Leal, argumentando que había advertido sobre la necesidad de elegir a los mejores interventores, sin interferencia política. Aseguró que, en cambio, se produjo una manipulación en la remisión de hojas de vida, responsabilidad que –según su versión– recae en Ramírez Cobo y Sarabia, acusados de remitir candidatos a nombre del presidente. En diálogo con Caracol Radio, Leal respaldó esa versión y aseguró que las hojas de vida de los postulantes llegaban por conducto de Ramírez Cobo, quien era asesor en el Departamento Administrativo de la Presidencia, dirigido por Sarabia. Esta situación, añadió Leal, terminó engañando tanto al presidente como al propio superintendente.
En respuesta, Sarabia solicitó a la Fiscalía que indague a fondo el asunto e incluso entreviste al presidente Petro para esclarecer los hechos. A través de su cuenta de X, afirmó que su gestión fue totalmente documentada y negó participación en la designación de interventores. Mientras tanto, la Red de Veedurías Ciudadanas elevó una queja ante la Procuraduría para que investigue posibles faltas disciplinarias por parte de Sarabia.
Tras este “fuego amigo” en las altas esferas gubernamentales, la controversia de fondo radica en la gestión de las interventorías a las EPS. El Estado tiene bajo vigilancia a ocho EPS que en conjunto agrupan a 22,82 millones de afiliados, entre ellas la Nueva EPS, Coosalud, Famisanar y Savia Salud. La intervención, en principio, buscaba recuperar la viabilidad financiera de estas entidades, pero después de sucesivos relevos de interventores (algunos cargos han cambiado de titular hasta cuatro veces), la crisis financiera persiste y el patrimonio negativo se profundizó, alcanzando los $11 billones de pesos en 2025, acorde al informe de Así Vamos en Salud.
Los problemas del sector quedaron evidenciados también en la disminución del número de EPS –de 40 a 23 entre 2019 y 2025– y un aumento de los pasivos a $29,6 billones. El constante cambio de interventores, cuya selección y experiencia en algunos casos es cuestionada, no ha logrado mejorar la gestión ni el recaudo de recursos. Algunos interventores, como Gloria Polanía en la Nueva EPS o Luis Óscar Gálvez Mateus en Savia Salud, acumulan movimientos entre diversas EPS y han llegado incluso a cargos sin aprobar los exámenes requeridos, hechos denunciados públicamente por funcionarios y agudizados por denuncias de supuestos malos manejos administrativos.
El supuesto “carrusel” de las interventorías involucra a una amplia lista de profesionales, todos bajo escrutinio tras los magros resultados en la recuperación financiera de las EPS. Además, el foco de la controversia se amplía hacia los mismos superintendentes de Salud que durante el mandato de Petro han ocupado el cargo, como Ulahy Beltrán López, Giovanny Rubiano García y Bernardo Armando Camacho Rodríguez, todos señalados por las dificultades persistentes en el sector.
En este contexto, la intervención de las EPS, más que una solución, se percibe como una sucesión de relevos y disputas internas, en medio de la incertidumbre por la atención de millones de usuarios y la crisis histórica del sistema de salud.
¿Cómo afecta la inestabilidad de los interventores a la recuperación financiera de las EPS?
La preocupación por el cambio frecuente de interventores en las EPS intervenidas responde a la expectativa frustrada de que su designación traería orden, eficiencia y capacidad de respuesta ante la crisis del sector. Sin embargo, el movimiento constante de estos funcionarios, en parte producto de pugnas internas, ha generado una inestabilidad administrativa que complica tanto la ejecución de planes de recuperación como el seguimiento y control de metas a mediano plazo.
La ausencia de continuidad en la gestión dificulta establecer líneas de acción coherentes y aprovechar el conocimiento adquirido, resultando en bajos avances en la reducción de los pasivos y en la reestructuración financiera esperada por el Estado y la ciudadanía. Así, la inestabilidad se ha convertido en un obstáculo estructural que alimenta tanto la desconfianza como la persistencia de problemas históricos en el sistema.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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