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La Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales (Acehr), junto con otras entidades que representan a pacientes, presentó recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares. Este llamado insta al organismo internacional a intervenir ante lo que consideran un peligro real, grave e inminente de daños irreparables a la vida, la integridad y la salud de diversas personas que dependen del sistema de salud colombiano. Según lo reportado por la propia Acehr, al documento se suman las firmas de diferentes colectivos que buscan proteger los derechos de quienes requieren atención médica continua, especialmente en el contexto actual de crisis.
Las organizaciones también pidieron que un comisionado de la CIDH visite el territorio colombiano para constatar de primera mano la magnitud de la emergencia. El objetivo central es visibilizar el colapso del sistema y establecer una evaluación sobre la responsabilidad que tendría el Estado colombiano en la situación que actualmente afecta a miles de pacientes. La visita, especifican en el documento, serviría para fortalecer las acciones de vigilancia internacional y presión a fin de que se implementen soluciones definitivas.
Recientemente, la Procuraduría General, que funge como el Ministerio Público, advirtió mediante un informe sobre un crecimiento sostenido en las quejas y acciones judiciales emprendidas por ciudadanos con el fin de acceder a servicios tan fundamentales como consultas médicas, diagnósticos, cirugías y medicamentos. Esta entidad reveló que, durante 2024, las quejas de pacientes superaron el millón y medio, lo que representa un alarmante aumento del 23 % frente a 2023. En paralelo, las acciones de tutela —un recurso legal que protege derechos fundamentales— llegaron a 265.173, cifra que refleja un aumento del 188 % en comparación con 2021.
El análisis de la Procuraduría muestra, además, que el 47 % de estos pacientes se encuentra en condición de pobreza extrema o moderada, lo que incrementa la vulnerabilidad social frente a la crisis sanitaria. Esta realidad, de acuerdo con el organismo, se agrava aún más ante el profundo deterioro financiero del sector salud, el cual acumula deudas que superan los 32,9 billones de pesos, afectando tanto a hospitales y clínicas como a la industria farmacéutica nacional.
De acuerdo con el informe de la Acehr, hemos llegado a este punto crítico a pesar de las reiteradas advertencias emitidas por la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, organizaciones de pacientes y gremios médicos. El Estado, según señalan, no aplicó medidas adecuadas ni oportunas para frenar el agravamiento de la crisis.
Las organizaciones que respaldan el documento enfatizaron el llamado a la comunidad internacional, advirtiendo que la falta de acceso oportuno a tratamientos podría conducir a consecuencias irreversibles, e incluso a la muerte, para quienes dependen de procedimientos y medicaciones constantes.
¿Qué es una acción de tutela y cómo se utiliza en el sistema de salud colombiano?
La acción de tutela es un mecanismo consagrado en la Constitución de Colombia que permite a cualquier persona reclamar ante jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resultan vulnerados o amenazados. En el contexto del sistema de salud colombiano, la tutela se ha convertido en una herramienta principal para que los usuarios exijan el acceso a servicios básicos, procedimientos, medicamentos y tratamientos.
El notable aumento de tutelas en los últimos años refleja el nivel de insatisfacción y las barreras de acceso dentro del sistema de salud. La frecuencia con la que los colombianos acuden a este recurso es, al mismo tiempo, un síntoma de la crisis estructural y un indicador de la lucha persistente por la defensa de los derechos fundamentales en un sector marcado por deudas, problemas administrativos y desigualdad en la atención.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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