El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La Corte Constitucional de Colombia, en un paso clave para la protección de los derechos humanos, emitió recientemente 13 órdenes encaminadas a subsanar debilidades en el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida. Este mecanismo busca anticipar y evitar atentados contra la vida de firmantes del Acuerdo de Paz, centrándose especialmente en quienes avanzan en su reincorporación a la sociedad. Se trata de una población que, tras extensos años de conflicto armado, se encuentra en una posición de marcado riesgo, lo que ha exigido respuestas estatales de carácter urgente y concertado, según la fuente original y corroborando el seguimiento constante por parte de órganos como la Corte.
El Auto 1929 de 2024 pone de manifiesto dos obstáculos principales: una escasa articulación entre instituciones, lo que entorpece las respuestas integradas ante eventuales amenazas, y una distribución desproporcionada de responsabilidades entre entes territoriales, quienes no siempre reciben el respaldo suficiente del gobierno central. Esta falta de coordinación, mencionada explícitamente en la sentencia, ha derivado en que territorios con menos recursos enfrentan mayores dificultades para responder eficazmente a situaciones de peligro para excombatientes.
La situación refleja un desafío sistémico ya identificado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que en un informe de 2023 resaltó la importancia de fortalecer las capacidades locales y abordar la fragmentación institucional que potencia el riesgo de violencia. El PNUD insistió en la necesidad de un acompañamiento diferencial, lo que significa que cada contextos requiere estrategias adaptadas según sus propias condiciones y vulnerabilidades.
En esa línea, la Corte Constitucional también exhortó al Congreso a definir con claridad las competencias estatales en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos y respeto al Derecho Internacional Humanitario, coincidiendo con advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch. Estas organizaciones mencionan que la falta de un marco normativo preciso ha facilitado la aparición de vacíos legales y obstáculos en la protección y la responsabilización frente a delitos cometidos contra excombatientes.
En cuanto a los recursos, el fallo ordenó la integración de mejoras sugeridas por la Defensoría del Pueblo y determinó que deben proporcionarse fondos urgentes a corto, mediano y largo plazo. El Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio del Interior recibieron el mandato de aportar asesoría técnica y alternativas financieras prioritarias para el sostenimiento del sistema. Se expresa así una preocupación reiterada por instituciones como el Observatorio de Paz y Reincorporación, que han señalado la escasez de presupuesto como un límite considerable para el éxito de las políticas implementadas en favor de la paz.
El Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida se configura entonces como un pilar esencial dentro de los compromisos nacionales e internacionales asumidos por Colombia tras la firma del Acuerdo de Paz, cuyo propósito es consolidar el tránsito hacia la reconciliación. Sin embargo, el cumplimiento efectivo de su misión depende de la articulación interinstitucional, innovación y la voluntad política, factores en los que, como sostienen los informes citados, aún se requiere avanzar.
¿Cuál es el papel de la Defensoría del Pueblo dentro del sistema de prevención? La Defensoría del Pueblo es un ente estatal cuya misión principal radica en velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos en Colombia. Dentro del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida, la Corte Constitucional ordenó la integración y fortalecimiento de las propuestas de mejora generadas desde esta entidad, considerando sus funciones de vigilancia frente a situaciones de riesgo y su capacidad de emitir alertas tempranas. Su rol es, por tanto, esencial para anticipar posibles amenazas y coadyuvar a la articulación de respuestas entre instituciones.
¿Por qué es importante clarificar las competencias para la prevención de violaciones de derechos humanos? La claridad en las competencias estatales es fundamental porque evita la duplicidad de funciones, reduce vacíos legales y define responsabilidades precisas entre los diferentes niveles de gobierno. Tanto la Corte Constitucional como organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han alertado que la falta de este marco claro ha dificultado la acción coordinada y la efectividad en la protección de las personas en proceso de reincorporación. Resolver estas indefiniciones permitirá avanzar en la construcción de una política de prevención integral y sostenible.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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