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El caso judicial que involucra al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, por supuesta corrupción en la contratación pública, permanece en el centro de la atención a pesar de un mes de receso en las audiencias. La última diligencia relevante ocurrió el 4 de marzo, cuando la acusación fue suspendida después de que el fiscal anunciara que dos —posiblemente tres— de los implicados buscaban acogerse al principio de oportunidad. Este mecanismo permite que una persona acusada de un delito colabore con la justicia, proporcionando información sobre otros involucrados a cambio de beneficios judiciales, como la reducción de la pena o la terminación de los procesos en su contra.
Desde finales de 2025, Laura Mejía, ex jefa del área logística del AMVA, aceptó este principio de oportunidad, convirtiéndose en una pieza clave para la fiscalía. De acuerdo con la documentación entregada por Mejía —fotografías, grabaciones, mensajes de texto y otros materiales—, se evidenciaría un esquema corrupto dirigido a controlar los procesos de contratación y exigir sobornos a cambio de adjudicaciones y pagos irregulares. En esta red habrían participado figuras como Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, el subdirector financiero del Área, Álvaro Villada, y Sebastián Ortega, hijo del político William Ortega, según los materiales reunidos por el equipo investigador y citados por El Colombiano.
Otros testigos que ahora buscan colaborar son Misael Cadavid, exgerente de los Bomberos de Itagüí, y Elkin González, exjefe de la misma entidad. Ambos fueron los primeros en ser acusados, señalados por presunto peculado por apropiación en seis contratos que suman cerca de $18.000 millones —de los cuales se habrían desviado $2.481 millones del presupuesto público— junto a Yaneth Rúa, exfuncionaria supervisora del AMVA, también procesada por irregularidades contractuales.
Las medidas judiciales han sido dispares: mientras González quedó en libertad por decisión del juez, Cadavid y otra persona siguen en detención intramural bajo el argumento de que podrían interferir en el proceso, manipular testigos o alterar pruebas. La colaboración de Cadavid fue reconocida tras ser avalada su matriz de cooperación en audiencia reservada, y ahora se espera que sus aportes refuercen los de Laura Mejía, especialmente en un proceso paralelo sobre la contratación del Parque de las Aguas y una posible negociación irregular para obtener contratos en Afinia, filial de EPM, según fuentes consultadas por El Colombiano.
Posteriormente, la fiscalía formuló cargos por peculado e interés indebido contra Juan David Palacio, exdirector del AMVA entre 2020 y 2024, alegando que su consentimiento era indispensable para las decisiones ilícitas denunciadas. Las exsubdirectoras Ana María Roldán y Diana María Montoya también enfrentan investigaciones por manejo irregular de contratos, y Juan Alberto Cardona, vinculado a los Bomberos de Itagüí, por falsedad en documento privado. La investigación, además, vive cambios en su estructura, con la sustitución del fiscal de la Unidad Anticorrupción Rodolfo Esteban Sánchez por una fiscal proveniente de Bogotá, aunque no se ha precisado el alcance de este relevo.
La audiencia más reciente se fijó para este miércoles, con un espacio reducido por compromisos previos de los funcionarios judiciales. En la última cita de marzo, los abogados de los acusados insisten en la nulidad del proceso alegando irregularidades en la etapa de imputación, y esperan continuar exponiendo estos argumentos, aunque hay pocas expectativas de una decisión final durante la jornada.
¿Qué implica el principio de oportunidad y cómo influye en procesos judiciales por corrupción?
El principio de oportunidad es un mecanismo contemplado en la legislación penal que permite a quienes están involucrados en conductas delictivas colaborar con la justicia a cambio de determinados beneficios procesales, como la reducción de penas. Este recurso es especialmente relevante en casos de corrupción, donde la estructura delictiva suele estar compuesta por varias personas y la información de un colaborador puede esclarecer la magnitud y la forma en que operaba la red.
En el contexto del caso AMVA-Bomberos de Itagüí, la acogida de algunos implicados al principio de oportunidad ha sido determinante para el avance de la investigación, ya que gracias a sus testimonios y pruebas suministradas se ha logrado identificar la posible participación de otros funcionarios y ampliar el espectro de hechos investigados. Sin embargo, el valor y la pertinencia de estas colaboraciones se evalúa cuidadosamente, pues para que sean válidas deben aportar información novedosa y relevante que no haya sido provista anteriormente.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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