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El reciente caso de corrupción relacionado con los carrotanques destinados a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en La Guajira ha puesto en el ojo público a la empresa Impoamericana Roger S.A.S., que fue sancionada por la Superintendencia de Sociedades. Según el comunicado oficial emitido por la SuperSociedades, la sanción se dictó el 19 de febrero luego de una investigación basada en la Ley 2195 de 2022, la cual busca fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción en Colombia.
La investigación dejó en evidencia los vínculos de Impoamericana Roger S.A.S. con actividades ilegales luego de que proporcionara 40 vehículos tipo carrotanque a la Ungrd en octubre de 2023, por un valor cercano a los 46.800 millones de pesos colombianos. El contexto detrás de estos contratos se dio durante la emergencia económica, social y ecológica que fue declarada en La Guajira, un departamento particularmente golpeado por crisis humanitarias y donde la urgencia por atender necesidades básicas facilitó la rapidez en la adjudicación de recursos. No obstante, la premura con la que se actuó permitió que se materializaran irregularidades.
Entre los hallazgos más graves revelados por la Superintendencia, figura la responsabilidad de Impoamericana Roger S.A.S. por haber violado normativas relacionadas con actos de corrupción en el ejercicio de su contratación. Como consecuencia, esta empresa deberá pagar una multa de 1.298 millones de pesos, queda inhabilitada para celebrar contratos con el Estado y le está prohibido acceder a subsidios gubernamentales por una década. El superintendente Billy Escobar Pérez reiteró que estas sanciones buscan fomentar una cultura empresarial basada en la ética y la integridad.
La propia estructura y operaciones de la empresa sancionada levantaron sospechas durante las indagaciones. Según se informó, Impoamericana Roger S.A.S. presentaba características de una empresa de papel, ya que la supuesta sede física inscrita en los contratos no existía y no existían registros de facturación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) previos a los convenios con la Ungrd.
Adicionalmente, el análisis de los movimientos financieros aportó mayores elementos de duda. La W Radio reportó que la adquisición de los primeros carrotanques se realizó mediante consignaciones en efectivo por 900 millones de pesos desde Pasto (Nariño), a pesar de que la empresa estaba oficialmente registrada en Cúcuta. Esta irregularidad llevó a la Ungrd a solicitar la intervención de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF), para profundizar en el análisis de los flujos económicos implicados.
Estos hallazgos ilustran no solo las falencias en los controles institucionales durante situaciones de emergencia en el país, sino también el modo en que empresas ficticias pueden colarse en contrataciones estatales de relevancia, comprometiendo la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos. El caso continúa siendo seguido muy de cerca por las autoridades, mientras la sociedad colombiana exige que se llegue hasta las últimas consecuencias en torno a este escándalo.
¿Por qué son llamados “empresas de papel” en casos de corrupción?
Una de las principales preocupaciones que surgen en el marco de este escándalo es la utilización de las llamadas “empresas de papel” para obtener contratos públicos. El término se refiere a organizaciones que, aunque existen legalmente, carecen de operación real, infraestructura, o historial comercial comprobable. En el caso de Impoamericana Roger S.A.S., la ausencia de una sede física y de registros de actividad ante la DIAN fueron elementos clave para su catalogación bajo este término.
El reconocimiento de empresas de papel en procesos de contratación estatal es fundamental ya que suelen ser utilizadas para simular competencia, favorecer la corrupción o facilitar la apropiación indebida de recursos públicos. Identificar estas empresas permite fortalecer la vigilancia sobre los procedimientos de adjudicación y prevenir la repetición de estos escándalos en futuras situaciones de emergencia o en procesos ordinarios.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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