El concejal de Barranquilla Alexis Castillo se entregó voluntariamente en las últimas horas ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, ubicada en el centro de la ciudad, luego de que se conociera que en su contra existía una orden de captura por el presunto delito de violencia intrafamiliar agravada.
De acuerdo con la información conocida, el cabildante llegó acompañado de su abogado a las instalaciones del CTI, donde se hizo efectiva la orden judicial que había sido expedida por un juez de control de garantías el pasado 11 de febrero, tras solicitud de la Fiscalía General de la Nación. En este momento se adelantan los trámites de legalización de captura y se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica.
El proceso judicial en contra del funcionario venía avanzando desde meses atrás, pero la orden de captura se produjo luego de que las autoridades recopilaran elementos materiales probatorios dentro de la investigación. Según trascendió, el propio concejal habría manifestado que la decisión judicial lo tomó por sorpresa.
El caso se remonta a las denuncias hechas por su expareja sentimental, Silvia Aragón, quien habló públicamente sobre los presuntos hechos de violencia que, según su testimonio, comenzaron en 2023. En entrevista con la revista Revista Semana, la mujer aseguró que fue víctima de agresiones físicas, psicológicas, emocionales, económicas y patrimoniales.
Según su relato, las agresiones se habrían manifestado en “golpes, gritos, humillaciones e insultos”, tanto hacia ella como hacia su núcleo familiar. Además, indicó que actualmente existen tres procesos judiciales en curso contra el cabildante: uno ante la Comisaría de Familia, otro en la Fiscalía y un tercero en un Juzgado de Familia.
Aragón también denunció que el concejal habría intentado dilatar los procesos judiciales buscando conciliaciones y evitando que los casos trascendieran públicamente. Incluso, aseguró que presentó excusas para no asistir a una audiencia programada en la Comisaría de Familia.
En su testimonio, la mujer afirmó haber recibido amenazas relacionadas con la custodia de sus hijos, pese a que —según explicó— cuenta con un documento autenticado desde octubre de 2024 que le otorga la custodia. Asimismo, aseguró haber sido víctima de amenazas de muerte y de actos de vigilancia constante, incluyendo seguimientos, fotografías y mensajes intimidatorios.
Las autoridades continúan con el procedimiento judicial mientras se define la situación legal del concejal. El caso ha generado atención en Barranquilla, especialmente porque Castillo hace parte de la Comisión de la Mujer y Asuntos Varios del Concejo Distrital.
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