En plenaria virtual del Senado, Córdoba indicó que además hay 67 alcaldías en la mira por presunta corrupción en el manejo de los recursos destinados a ayudar a las familias más afectadas por la crisis del coronavirus.
El contralor aseguró que ya se ordenó la intervención funcional de 132 contratos, por “un valor total superior a los 297.755 millones de pesos”.
Una de las gobernaciones investigadas, dijo la Contraloría, es la de Arauca, que tiene un proceso de responsabilidad fiscal, luego de que se conociera que contrató mercados solidarios en los que una lata de atún costaba 20.000 pesos.
Asimismo, se le abrió una indagación a la Alcaldía de Sincelejo, Sucre, por irregularidades. Esa administración habría aumentado los precios de los kit de alimentos en casi 40.000 pesos.
Por su parte, el fiscal general, Francisco Barbosa, señaló en la plenaria que hay 125 iniciativas investigativas, 40 indagaciones, ha revisado 3.000 contratos y hay 14 procesos en la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia, incluyendo el de un ministro y 11 gobernadores.
“No es posible que cualquier funcionario sea tan miserable de quedarse con un recurso público, utilizarlo de forma indebida o apropiarse, en el marco, no solo de esta pandemia, sino en cualquier momento. Pero quiero hacer énfasis en la pandemia”, manifestó Barbosa.
Finalmente, el procurador general, Fernando Carillo, informó que su entidad comenzó 237 procesos disciplinarios por un valor de 1,43 billones de pesos, que han llevado a la “suspensión de mandatarios seccionales, suspensión de contratos, llamamiento de juicios disciplinarios”
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