La Sección Quinta del Consejo de Estado acaba de suspender el llamado ‘decretazo’ del presidente Gustavo Petro con el cual se llamaba a una consulta popular.
En principio, esta es una medida cautelar que suspende los efectos del decreto mientras se hace un estudio más riguroso y se saca un fallo de estudio por el hecho.
📜@consejodeestado suspende Decreto 0639 de 2025 «Por el cual se convoca a una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones»
— Consejo de Estado (@consejodeestado) June 18, 2025
“La Sección Quinta, admitió la demanda que pretende la nulidad del Decreto 0639 de 2025, al concluir que se trata de un acto de contenido electoral proferido por una autoridad del orden nacional que desarrolla un mecanismo de participación ciudadana, como lo es la consulta popular”, explicó el Consejo de Estado.
Y agregó: “Asimismo, en ejercicio de una medida cautelar de urgencia solicitada por el demandante, y en aplicación del artículo 234 de la Ley 1437 de 2011, suspendió los efectos jurídicos del Decreto 0639 de 2025, al advertir que fue expedido sin el concepto previo favorable del Senado de la República, en los términos previstos en el artículo 104 de la Constitución”.
El pasado 11 de junio de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó el Decreto 0639, conocido como el ‘decretazo’, un intento de convocar una consulta popular para que los ciudadanos decidieran sobre su reforma laboral, rechazada previamente por el Senado el 14 de mayo con 49 votos en contra y 47 a favor.
Este decreto, que buscaba llevar a las urnas 12 preguntas sobre temas como la jornada laboral diurna, el recargo por trabajo en festivos y la contratación de personas con discapacidad, desató una tormenta política y jurídica al ser considerado por la oposición como un desafío a la separación de poderes.
Petro justificó su decisión alegando irregularidades en la votación del Senado, como el cierre abrupto del proceso y la exclusión de algunos senadores, lo que, según él, invalidaba la decisión legislativa. Con el respaldo de 18 ministros, el presidente programó la consulta para el 7 de agosto de 2025, coincidiendo con la conmemoración de la Batalla de Boyacá.
La reacción no se hizo esperar. Opositores, incluyendo al Centro Democrático y figuras como Vicky Dávila y Miguel Uribe Turbay —quien sufrió un atentado horas después de criticar el decreto—, tildaron la medida de inconstitucional y autoritaria, acusando a Petro de intentar un “golpe de Estado”.
La Procuraduría abrió una indagación contra los ministros firmantes por posible prevaricato, mientras que el Consejo de Estado suspendió los efectos del decreto el 18 de junio, argumentando que la convocatoria requería un aval previo del Senado, según la Constitución y las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015.
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