El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó el pasado miércoles un decreto con el que convoca a una consulta popular, hecho que desató una fuerte polémica política y jurídica en el país, en la bancada opositora y hasta en algunas fichas cercanas al mandatario.
(Vea también: Petro advierte con convocar asamblea constituyente en caso de que no aprueben sus reformas)
La decisión, que desafía directamente al Congreso y será revisada por la Corte Constitucional, ha sido calificada por juristas, políticos de oposición y organizaciones sociales como una amenaza al equilibrio de poderes y una posible antesala de crisis institucional.
La medida se produce luego de una semana marcada por la tensión política y un atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay, fuerte crítico del Gobierno. Petro firmó el decreto pese a que el Congreso había votado en contra de esta propuesta en mayo, argumentando que la votación en el Senado estuvo viciada por supuestas irregularidades: una diferencia en el número de votos registrados, una duración inusualmente corta del proceso y la supuesta alteración del sentido del voto de algunos congresistas.
No obstante, según informó BBC Mundo, juristas consultados indican que esas razones no justifican que el presidente invalide una decisión del Congreso. Esa potestad, aseguran, recae únicamente en el poder judicial. La Corte Constitucional será la encargada de decidir si el decreto se ajusta a la Carta Magna o si debe ser anulado.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que si el Congreso aprueba la reforma laboral antes del 20 de junio, el decreto perderá vigencia. Sin embargo, la firma de la medida justo antes del vencimiento del plazo legal, apenas a un par de horas de que se acabara el 11 de junio, ha sido interpretada como una jugada política para presionar al Congreso.
Según el medio citado, expertos como Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario, afirman que Petro está cruzando una línea roja institucional y advierten sobre un “efecto grave” en el sistema democrático. Aunque el presidente ha declarado que respetará el fallo de la Corte, analistas temen que el daño institucional ya esté hecho, especialmente al escalar el conflicto entre ramas del poder en plena precampaña.
El decreto también ha sido condenado por líderes políticos. Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado, lo calificó de “autogolpe de Estado”. Vicky Dávila, precandidata presidencial, acusó al presidente de usar un momento de dolor nacional para avanzar contra la democracia. Además, 24 organizaciones sociales publicaron un comunicado a través de De Justicia, pidiéndole al mandatario que se abstenga de avanzar con la consulta por decreto, señalando que esto vulnera la separación de poderes.
De hecho, esta iniciativa también ha creado controversia en el mismo Gobierno, pues cuatro de los ministros del gabinete de Petro decidieron no firmar el decreto que deja en pie la consulta popular y llevará a los colombianos a las urnas para aprobar las 12 preguntas con las que revivió una parte de la golpeada reforma laboral.
En medio de un país polarizado, el llamado “decretazo” marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Petro y el Congreso, y ha reavivado el debate sobre los límites del poder presidencial en Colombia.
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