El Consejo de Estado ya hizo formal la notificación a la Presidencia y a la Registraduría sobre la suspensión temporal del decreto 0639 que convoca a la consulta popular, una novedad que continúa calentando el debate nacional sobre esta decisión del presidente Gustavo Petro.

Uno de los aspectos que más ha causado controversia ha tenido que ver con la pasada orden de Gustavo Petro a sus ministros para firmar obligatoriamente el decreto con el fin de que la consulta popular se aprobaba, algo que, según juristas, tendría consecuencias para  los funcionarios del Gobierno y que terminaría por perjudicarlos.

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“Tendría unas consecuencias nefastas para los ministros que lo firmaron (…) Puede haber un abuso de la función pública y puede haber una usurpación de la función pública si se comprueba que se extralimitaron”, indicó D’Arcy Quinn, durante el noticiero de La FM, agregando que “pueden terminar en la cárcel si se declara nulo”.

Cabe mencionar que los ministros que se ‘salvarían’ de las consecuencias jurídicas advertidas, serían el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada y la canciller Laura Sarabia, quienes no alcanzaron a firmar el decreto ordenado por el presidente.

Por otra parte, entre más de las novedades sobre este caso, está la más reciente denuncia interpuesta por la senadora María Fernanda Cabal a los 19 ministros que firmaron, siendo así una más que se suma a las 21 demandas ya interpuestas por otros senadores que se oponen al llamado ‘decretazo’.

Consulta popular, ¿qué sigue para el ‘decretazo’?

Aunque el Gobierno intentaba excluir al Consejo de Estado del análisis jurídico de su decreto y restringirlo únicamente a la Corte Constitucional, bajo la premisa de que dicha revisión debía realizarse supuestamente después de la consulta, los consejeros de la Sección Quinta confirmaron su plena competencia para tratar el asunto y actuar en consecuencia.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Consejo de Estado no puede determinar la inconstitucionalidad del decreto. “Solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué fue a la Corte Constitucional. Pero ya la discusión no es jurídica. El congreso tiene su última palabra, después de llegados al resultado final.”, afirmó el mandatario una vez se conoció la suspensión del máximo tribunal.

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Por ahora, se está a la espera del trámite que hará la Sala de Consulta del Servicio Civil del mismo tribunal, sumado al concepto que se espera de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de la Procuraduría General de la Nación, para determinar si debe continuar la consulta popular.

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