El polémico modelo para la expedición de pasaportes en Colombia —impulsado bajo las directrices del Gobierno de Gustavo Petro— acaba de sufrir un durísimo e inesperado frenazo en los estrados judiciales. En la mañana de este lunes 6 de julio de 2026, el Consejo de Estado tomó una determinación que deja sin piso el blindaje jurídico con el que contaba la Cancillería para defender el millonario esquema contractual de las libretas de viaje.
Con una ponencia del magistrado Pablo Córdoba, el alto tribunal dejó oficialmente sin efectos el amparo que se le había concedido en primera instancia al Ministerio de Relaciones Exteriores, revirtiendo una decisión adoptada en mayo pasado que le daba un respiro a la entidad.
La controversia jurídica que hoy tiene contra las cuerdas a la Cancillería fue promovida originalmente por Nicolás Dupont, en representación de la Fundación Dilo Colombia. Dupont interpuso una acción popular argumentando que el nuevo modelo diseñado por el Ejecutivo ponía en grave riesgo los derechos colectivos de los colombianos.
Específicamente, la demanda señala que con la celebración y ejecución del Convenio Interadministrativo entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para fabricar los pasaportes se estaban vulnerando cuatro principios sagrados de la función pública:
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