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El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se hizo mediático por los nombres de reconocidos y curtidos políticos involucrados. Sin embargo, más allá de esas figuras, el caso se extendió a otros niveles y cargos menos visibles. Es el caso de Francisco Javier Estupiñán Bravo, exgerente de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, quien fue condenado por su papel en este entramado.
Un juez penal de Bogotá lo sentenció a 16 años, 7 meses y 6 días de prisión, tras encontrarlo responsable de participar en el direccionamiento irregular de contratos en la UNGRD.
Estupiñán aceptó los delitos de peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos, lo que fue avalado por el juez. No obstante, la Fiscalía mantiene otras acusaciones en su contra por falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, que siguen en curso.
Según el proceso, el condenado tuvo un rol clave en la adjudicación de una orden de proveeduría por 29.000 millones de pesos, firmada el 11 de octubre de 2023. El contrato buscaba suministrar 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira.
Para lograr la adjudicación, presentó documentación falsa que supuestamente acreditaba la disponibilidad inmediata de los vehículos. Esa información se sustentaba en una alianza comercial inexistente entre la corporación y un concesionario automotriz.
Además, participó en la gestión de desembolsos por más de 24.000 millones de pesos, pese a que los carrotanques no estaban disponibles, ya que se encontraban en proceso de ensamblaje.
Las pruebas también dejaron al descubierto un millonario sobrecosto de 11.114 millones de pesos. De ese monto, Estupiñán, junto con el representante legal de Yapurutú, se habría apropiado de 4.330 millones, mientras que permitió que terceros se quedaran con otros 6.784 millones.
Por este caso de corrupción hay otros condenado vía preacuerdo, como el ex subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, uno de los principales testigos del caso. Así mismo, han sido enviados a prisión exministros y exdirectores de entidades del Gobierno.
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