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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) anunció que desde el pasado 9 de septiembre se conoció que Jesús Emiro Pereira Rivera, alias ‘Huevo de Pisca’, quien fue condenado a 40 años de prisión por secuestro, tortura agravada y acceso carnal violento contra la periodista Jineth Bedoya, está prófugo de la justicia.
De acuerdo con información recopilada por la organización, la Fiscalía señaló que ‘Huevo de Pisca’ quedó en libertad por una decisión judicial emitida desde la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín y que, aunque esta fue revocada días después, el paradero de Pereira Rivera sigue siendo desconocido.
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“La reconstrucción de los hechos y de la secuencia en las fallas del sistema judicial permite establecer que Jesús Emiro se encuentra prófugo desde hace más de dos años, pues la suspensión de la condena fue revocada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia desde el 23 de marzo de 2022″, precisó la FLIP mediante un comunicado.
De acuerdo con la organización en defensa de la libertad de prensa, una vez se hizo pública la noticia sobre la revocatoria de la libertad contra Pereira Rivera, la Fiscalía 69 delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Bogotá junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) iniciaron labores investigativas. No obstante, hasta el momento no hay información en las pesquisas.
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Así mismo, la FLIP indicó que durante los últimos años ninguna autoridad judicial notificó a Bedoya sobre estos hechos, ni tampoco a sus abogados. “La libertad de Huevo de Pisca no solo afecta las garantías judiciales de Jineth, sino que también pone en riesgo su derecho a la vida e integridad, especialmente considerando que en los últimos meses las amenazas de muerte contra la periodista se han intensificado.”, añadió la organización.
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Y concluyó: “Esta situación desconoce los derechos fundamentales de la periodista y, sobre todo, desacata la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en favor de Jineth Bedoya, pues a través de esta decisión la Corte le ordenó al Estado colombiano sancionar a los responsables de los actos de violencia y tortura cometidos en su contra”.
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