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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a un exintegrante del Ejército Nacional de Colombia, quien comparece actualmente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de acuerdo con un documento de 12 páginas. Esta decisión se fundamenta en el riesgo que enfrenta dicho exmilitar, considerado extraordinario debido a las amenazas y atentados sufridos por su colaboración en el esclarecimiento de crímenes contenidos en el Macrocaso 03 de la JEP, proceso que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas legítimas en combate.
Según información del documento de la CIDH, el compareciente confesó su responsabilidad en 37 homicidios falsamente presentados como ‘positivos’, dentro del denominado Subcaso Costa Caribe. Sus declaraciones han implicado a altos mandos militares, incluidos generales, coroneles y otros oficiales, lo que aumentó el nivel de peligro una vez sus testimonios se hicieron públicos. Las amenazas se intensificaron desde 2023, cuando recibió mensajes y llamadas intimidatorias. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP consideró entonces el nivel de riesgo como extraordinario y ordenó su reubicación junto a su familia, fuera de varias regiones ampliamente identificadas como peligrosas, así como la provisión de medios de comunicación, chaleco blindado y apoyo económico temporal.
No obstante, tras una reevaluación a finales de 2024, las medidas de protección fueron retiradas, lo que derivó en el regreso del exmilitar a Sincelejo, una ciudad previamente señalada como de riesgo. Entre diciembre de 2024 y abril de 2025, se documentaron al menos tres episodios de intimidación. Posteriormente, según la CIDH, el 7 de noviembre de 2025 fue víctima de un atentado, cuando hombres armados dispararon contra el vehículo en que se desplazaba. Ello motivó nuevas medidas cautelares; incluso, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz ordenó a la UIA y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le asignaran un esquema de protección acorde a la amenaza, mientras se resolvía la situación de fondo.
En marzo de 2026 se registró otro episodio con detonaciones en zona rural, conforme denuncias presentadas ante la Fiscalía, quien reclasificó el caso como amenazas tras su investigación. Durante el primer semestre de 2026, persistieron los mensajes intimidatorios, la entrega de panfletos, actos de vigilancia y un refuerzo insuficiente en su esquema de seguridad, según resoluciones estatales consultadas. La Fiscalía mantiene indagaciones abiertas por los hechos más recientes y el Estado reporta actuaciones preventivas y evaluaciones en curso, aunque al 11 de agosto de 2026 aún no se había tomado una decisión final sobre nuevas medidas de protección.
Ante la gravedad sostenida de las amenazas y el impacto sobre los derechos a la vida, integridad y acceso a la verdad, la CIDH solicitó al Estado colombiano la adopción urgente de acciones y reportes periódicos, de acuerdo con lo reportado por El Espectador y registros oficiales citados.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué implican las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en casos relacionados con la JEP?
Las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscan proteger la vida e integridad de personas que, al colaborar con la Jurisdicción Especial para la Paz en casos delicados como el de los falsos positivos, enfrentan riesgos extraordinarios. En este contexto, la CIDH solicita al Estado implementar acciones preventivas inmediatas y proporcionar informes periódicos sobre las estrategias adoptadas para garantizar la seguridad del beneficiario.
¿Qué es el Macrocaso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz y cuál es su importancia en Colombia?
El Macrocaso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investiga asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas oficialmente como bajas en combate por agentes del Estado. Su importancia radica en el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el conflicto armado colombiano y en el aporte de verdad, justicia y garantías de no repetición para las víctimas.
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