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La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la orden de captura internacional contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, señalado como uno de los protagonistas del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La decisión quedó consignada en un fallo de 23 páginas de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, que confirmó la sentencia del 14 de octubre de 2025 de la Sala de Decisión de Tutelas de la misma corporación. Con ello, se mantiene vigente la medida de aseguramiento impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá.
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Según la Fiscalía, González habría coordinado la entrega de sobornos por COP 4.000 millones a los entonces congresistas Iván Name y Andrés Calle para impulsar iniciativas del Gobierno Petro en el Congreso. El pasado 29 de enero, el exdirector del Dapre reapareció en el llamado a juicio de la Fiscalía para responder por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
La audiencia de acusación contra Carlos Ramón González se realizó ante el despacho de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Durante la diligencia, la Fiscalía expuso un documento de 60 páginas en el que detalló el presunto papel del exdirector del Dapre en el que ha sido calificado como el mayor escándalo de corrupción del actual gobierno.
En el escrito, el ente acusador sostuvo que “se defraudaron las expectativas que la sociedad depositó en Carlos Ramón González Merchán como representante y líder de una colectividad política, en el desempeño de uno de los cargos más importantes del país, a tal punto de ser considerado por la opinión pública como la mano derecha del Presidente de la República”.
Según la Fiscalía, González habría ordenado intentar comprar apoyos en el Congreso mediante el pago de coimas provenientes de sobrecostos en contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La acusación señala que, a mediados de septiembre de 2023, el entonces director del Dapre le habría instruido a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, entregar contratos por COP 60.000 millones y COP 10.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes.
El propósito, de acuerdo con el ente investigador, era destrabar proyectos clave del gobierno Petro que enfrentaban dificultades en el Congreso, especialmente las reformas pensional y de salud. No obstante, la propuesta inicial habría sido modificada. La Fiscalía explicó que, ante la urgencia planteada por Name y Calle, estos habrían solicitado “variar la oferta” para recibir menos dinero, pero en un plazo más corto.
El ente acusador también señaló directamente a González de haber ordenado a López inflar los costos de una orden de proveeduría de la Ungrd para la compra de carrotanques destinados a abastecer de agua a comunidades vulnerables de La Guajira. Los recursos derivados de esos sobrecostos, según la investigación, habrían sido desviados a los entonces presidentes del Senado y la Cámara: COP 3.000 millones para Name y COP 1.000 millones para Calle.
En la acusación se hizo especial énfasis en el presunto rol de González frente a Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las Regiones, hoy privada de la libertad en una guarnición policial de Bogotá. De acuerdo con la Fiscalía, el exdirector del Dapre habría “acordado” durante un almuerzo que Ortiz sería la encargada de mediar en la entrega de los dineros en efectivo a los congresistas.
El ente investigador subrayó además la gravedad de los delitos imputados, al considerar que resultan más “graves” y “reprochables” por su trayectoria política. “Carlos Ramón González tiene una importante solvencia económica; por más de 30 años ha construido un significativo poder político y experiencia en el sector público”, señaló la Fiscalía.
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Al cierre de la diligencia, González respondió a la magistrada que presidió la audiencia cuando esta le preguntó si había comprendido la acusación. “Hay una serie de absurdos y mentiras en esa acusación. Yo no la puedo aceptar porque para mí no es válida. Para mí no es una acusación clara, porque está llena de vacíos y de falsedades”, afirmó el exdirector del Dapre.
Sin embargo, para la Fiscalía, el expediente describe un escenario distinto, en el que González figura como el presunto articulador del entramado que habría desviado millonarios recursos públicos con el fin de asegurar apoyos legislativos para las reformas del gobierno.
La decisión de este 12 de febrero de la Corte Suprema deja en firme la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González, quien permanece en Nicaragua bajo la figura de asilo político otorgado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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