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Durante el mes de febrero, una temporada tradicionalmente considerada seca en gran parte del territorio colombiano, una anomalía meteorológica sin precedentes desató una crisis invernal de enormes proporciones. Según indicó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) —citada por El Colombiano— hasta el 11 de febrero, más de 17 departamentos habían resultado afectados, con reportes de 134 eventos de emergencia en 101 municipios, fundamentalmente en Córdoba y Sucre. Las cifras reflejaban consecuencias humanas devastadoras: 68.000 familias damnificadas, 18 personas fallecidas y 10 heridas, junto con la afectación de más de 150.000 hectáreas solo en Córdoba, de las cuales unas 40.000 quedaron completamente anegadas.
El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, expuso en diálogo con el diario El Colombiano la magnitud del desastre y detalló los retos para las autoridades frente a este fenómeno extremo. Subrayó que el evento resultó totalmente atípico: en apenas dos días, entre el 1 y 2 de febrero, precipitó en la región lo que se hubiese esperado en todo un mes, con registros que superaron en 1.600% los valores habituales en la represa de Urrá, epicentro de la inundación. Si bien el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) detectó comportamientos inusuales en el clima, la escala de las lluvias resultó impredecible. Carrillo advirtió que, en medio de la creciente variabilidad climática, los territorios se ven expuestos a una vulnerabilidad cada vez mayor frente a eventos extremos.
Para afrontar la emergencia, el Estado activó la respuesta institucional a través de diferentes niveles —local, departamental y nacional— y organismos como fuerzas militares, la Cruz Roja, la Defensa Civil y bomberos, además de la UNGRD. Se implementaron evacuaciones, acciones de búsqueda y rescate, asistencia humanitaria de urgencia, alojamiento temporal y la proyección de instalar puentes semipermanentes en los puntos más críticos. La coordinación institucional y el trabajo articulado con alcaldes y gobernadores han sido factores cruciales, según destacó Carrillo.
No obstante, la gestión de la emergencia no ha estado exenta de controversias. Las dudas sobre la corrupción en entidades del Estado y la UNGRD, sumadas a escándalos recientes que involucran a funcionarios y aspirantes políticos de la región, han complicado la labor institucional. Carrillo puntualizó que aunque se han recuperado recursos malversados —como $10 mil millones de los $14 mil millones perdidos en el caso de los carrotanques— el daño reputacional es profundo, incrementando la desconfianza ciudadana y dificultando la gestión.
En medio de la catástrofe, la desinformación ha sido otro reto. Según la UNGRD, solo los canales oficiales —alcaldías, gobernaciones, Puestos de Mando Unificado y la propia Unidad— deben ser usados para pedir o verificar ayuda, previendo fraudes y mal manejo de donaciones. La entidad ha hecho énfasis en la importancia de que el censo de damnificados y la entrega de insumos sigan protocolos claros, como en el caso del barrio Vallejo de Montería, donde la ayuda está disponible sujeto a solicitudes y registros en orden.
La tragedia deja preguntas urgentes sobre la preparación institucional frente a eventos climáticos cada vez más extremos y la necesidad de procesos transparentes y coordinados para la atención de desastres, teniendo en cuenta tanto las complejidades técnicas como los desafíos sociales y éticos.
¿Cómo se definen y utilizan los canales oficiales en una emergencia invernal?
En el contexto de emergencias como la vivida en Córdoba y otras regiones de Colombia, la estructuración y empleo de canales oficiales para la gestión de ayudas resulta esencial para asegurar la transparencia y eficacia de la respuesta. La UNGRD y entidades regionales deben centralizar la información y el flujo de auxilios a través de sus Consejos de Gestión del Riesgo, Puestos de Mando Unificado y medios institucionales, evitando que la ciudadanía caiga en redes informales o fraudes.
Establecer canales oficiales permite así sistematizar el registro de damnificados, organizar la distribución de los apoyos, y trazabilizar la entrega de recursos, garantizando que la ayuda llegue realmente a quienes la necesitan. Este mecanismo también protege a las comunidades más vulnerables contra la manipulación política y la desinformación, problemas que, como se evidenció en la emergencia, pueden agravar aún más la situación humanitaria bajo condiciones de alta tensión social.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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