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La Fiscalía acusó formalmente al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Durante la diligencia, el acusado tomó la palabra por unos minutos y cuestionó de forma directa el escrito de acusación.
Aseguró que confía en que la Corte Suprema esclarecerá los hechos, pero calificó la imputación en su contra como carente de validez.
“Quisiera aprovechar este momento para reiterar mi confianza en que la Corte Suprema y la honorable magistrada, y esta sala, en su sabiduría, habrá de esclarecer en derecho los hechos que se juzgan en este caso”, afirmó al inicio de su intervención.
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Acto seguido, rechazó de fondo la acusación de la Fiscalía. Dijo que el documento está sustentado en “absurdos”, “mentiras” y vacíos, y que no puede aceptarlo porque, a su juicio, se le atribuye de manera indebida la autoría intelectual de hechos que ya habrían sido reconocidos por otros implicados. “Estamos frente a una incriminación real, frente a unos hechos que se cometieron, que unos señores confesaron unos delitos y que, por arte de dividirlo, se pretende que yo sea el autor intelectual de todo, absolutamente todo”, señaló.
La intervención derivó en un cruce con la magistrada a cargo de la audiencia, quien lo interrumpió para recordarle que ese no era el momento procesal para alegar ni controvertir el fondo de la acusación. La togada le pidió ceñirse a responder si el escrito acusatorio había sido claro, sin extenderse en valoraciones personales.
“En este momento no es para alegar, señor. Su defensa será ejercida a lo largo del juicio. Le estoy haciendo una precisión, una pregunta concreta: si la acusación ha sido clara”, indicó la magistrada, al tiempo que pidió respeto por el uso de la palabra durante la diligencia.
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Pese a la advertencia, González reiteró su postura y concluyó que, para él, la acusación no es clara y está “llena de vacíos y falsedades”.
Antes de eso, la Fiscalía General de la Nación lo acusó formalmente como el presunto cerebro del saqueo a la entidad y de los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos. Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el ente investigador sostuvo que González lideró un entramado criminal para apropiarse de recursos públicos y direccionar contratos de la UNGRD a cambio de apoyos políticos en el Congreso para sacar adelante las reformas del Gobierno.
Surtida la fase de acusación, vienen las audiencias preparatorias del juicio en las que la Corte Suprema evaluará las pruebas presentadas por la Fiscalía y los argumentos de la defensa del exfuncionario.
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