La familia afectada por el homicidio de Jaime Esteban Moreno lanzó una alarmante advertencia pública sobre el desarrollo de la investigación. Los allegados aseguran que el proceso judicial avanza bajo un riesgo inminente.
De acuerdo con sus declaraciones, los dos jóvenes procesados penalmente por este crimen podrían recuperar la libertad en las próximas semanas. La razón principal obedece a un inminente vencimiento de términos legales.
La defensa de las víctimas responsabiliza directamente a los constantes aplazamientos, las reprogramaciones institucionales y los persistentes retrasos que han caracterizado las audiencias ante los jueces de la República.
Actualmente, los dos hombres señalados por la Fiscalía General de la Nación como presuntos autores materiales del asesinato permanecen privados de la libertad en centros de reclusión estatales.
El primero de ellos, identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, fue detenido el mismo día en que ocurrieron los hechos. Desde entonces, permanece custodiado en las celdas de Paloquemao.
El segundo procesado es Ricardo Rafael González Castro, ciudadano oriundo de la ciudad de Cartagena. Él decidió entregarse una semana después del homicidio y se encuentra recluido en la cárcel La Ternera.
A pesar de estas detenciones, el núcleo familiar de la víctima manifiesta un profundo temor frente al futuro del caso. Así lo expresó abiertamente Mónica Jaramillo Buitrago, madre del joven fallecido, en conversación con El Tiempo.
Para ella, recordar las dolorosas circunstancias en las que asesinaron a su hijo representa un verdadero tormento. Sin embargo, le asusta aún más que los presuntos implicados queden libres sin condena.
“El peligro es que estas personas salgan y no comparezcan ante la justicia. Entonces vamos a quedar con una condena de papel. Una condena sin unos detenidos”, advirtió.
Obstáculos institucionales para caso Jaime Moreno en los juzgados de Bogotá
La angustia del entorno familiar de Jaime Moreno se intensificó significativamente durante las últimas semanas debido a diversas determinaciones administrativas que, según denuncian, aproximan el expediente penal a los límites de tiempo legales.
La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente el escrito de acusación el 29 de diciembre de 2025. El proceso penal recayó inicialmente en el Juzgado 45 Penal del Circuito de Bogotá.
No obstante, el 22 de abril de este año, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó la reasignación de varios procesos penales. El caso de Jaime Esteban pasó al Juzgado 801.
Este último es un despacho de descongestión penal. A partir de ese traslado, la diligencia judicial prevista para el 28 de abril fue reprogramada formalmente para el 19 de mayo.
Lamentablemente, la audiencia programada tampoco se pudo ejecutar en la nueva fecha asignada. “Desafortunadamente ayer tampoco se realizó la audiencia porque el juez estaba en capacitación electoral”, relató Jaramillo.
La madre advierte que falta escasamente un mes para cumplirse los plazos que habilitarían a los defensores de los acusados a solicitar formalmente sus excarcelaciones ante un juez de garantías.
“El país presenció el crimen a través de videos que se hicieron virales, estas personas son absolutamente peligrosas para que queden en libertad”, señaló.
A todo este panorama de impunidad se añade otra compleja circunstancia que atormenta a los familiares. Una mujer señalada de acompañar a los agresores aquella noche continúa prófuga de la justicia.
Sospechosa en fuga en el caso Jaime Moreno y un crimen sin explicación
La mujer buscada en el caso de Jaime Moreno fue identificada por las autoridades como Kleidymar Fernández Sulbarán, de nacionalidad venezolana. Ella fue capturada inicialmente luciendo un disfraz azul, pero un juez ordenó su libertad.
Posteriormente, los investigadores criminales recopilaron testimonios adicionales y analizaron minuciosamente los videos de seguridad del sector, logrando que se emitiera una nueva orden judicial de captura en su contra.
“Desde el primero de diciembre del 2025 existe orden de captura contra ella y a la fecha no ha sido recapturada”, contó Jaramillo.
Fernández Sulbarán fue incluida de manera oficial en el cartel de las personas más buscadas por la Policía Metropolitana de Bogotá. Las autoridades ofrecen una recompensa económica a los ciudadanos.
Por tales motivos, Jaramillo insiste en que las alertas de su familia tienen un fundamento real. “Nada nos garantiza que los van a volver a recapturar, ni a condenarlos. Ese es el peligro y por eso hemos encendido las alarmas”.
Los padres y hermanos de Jaime Esteban continúan sin comprender los motivos detrás del brutal ataque. “Desafortunadamente nunca hemos tenido una explicación”, manifestó con tristeza su progenitora.
Incluso, los hombres privados de la libertad se han negado rotundamente a suministrar datos precisos a la Fiscalía que permitan dar con el paradero de la mujer de origen extranjero.
Al margen de los estrados judiciales, Mónica recuerda con profundo amor el proyecto de vida de su hijo. Su voz se transforma al evocar los momentos felices al lado del joven.
Jaime Esteban tenía apenas 20 años de edad. Adelantaba su formación profesional en la Universidad de los Andes, en séptimo semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas.
Desde aquella trágica madrugada, la estabilidad del hogar se desmoronó por completo. “Estamos absolutamente destruidos, devastados. Yo no he retomado mis actividades laborales. Después de esta tragedia es muy difícil encontrarle sentido a la vida”, contó la progenitora.
La madre valora los esfuerzos realizados por los peritos de Medicina Legal, los agentes de Policía y los delegados del ente acusador, resaltando la labor de la fiscal Elsa Cristina Reyes, adscrita a la Fiscalía 100 de Vida. Sin embargo, el aparato judicial le provoca una enorme frustración. “Encontramos una inoperancia total”.
“No puede ser que teniendo unos videos, teniendo 19 testigos, teniendo una necropsia tan evidente, no exista la capacidad judicial para imponer una condena y una sanción ejemplar”, aseguró y sentenció: “Esto es lo que pedimos: una condena ejemplar, para que los jóvenes tengan una reflexión de que cuando se cometen actos de este tipo, hay consecuencias”.
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