El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Cinco personas, entre las que se encuentran militares activos, en situación de retiro y particulares, fueron capturadas por presunta implicación en la extracción y comercialización ilegal de municiones y otros elementos destinados exclusivamente a la fuerza pública. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los arrestados supuestamente facilitaron la alteración de registros y controles en la custodia del material bélico en diferentes instalaciones militares, permitiendo así su salida sin autorización.
El operativo se coordinó bajo la dirección de un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial y contó con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Las aprehensiones se realizaron en diversas ciudades: Armenia (Quindío), Ibagué (Tolima), Florencia (Caquetá), Villavicencio (Meta) y Bogotá, lo que evidencia la amplitud de la red investigada.
Según lo informado por el ente acusador, entre los detenidos hay tres suboficiales (uno activo y dos en retiro) y dos civiles. En paralelo, se notificó en la cárcel La Picota de Bogotá a Óscar Roberto Cediel Hoyos, conocido como alias “Sargento García”, quien cumple una condena por tráfico de armas y sería, de acorde con la investigación, quien coordinaba el accionar delictivo desde el centro penitenciario.
La Fiscalía presentó pruebas que indicarían que este grupo contactaba a funcionarios encargados del almacenamiento de armamento en diferentes guarniciones. A estas personas, se les habrían ofrecido dineros y otros beneficios para inducirlas a adulterar registros, simular legalizaciones y facilitar la extracción de armas, municiones y componentes. Posteriormente, estos elementos se comercializaban, presuntamente, con diversos grupos armados.
Las investigaciones han documentado actividades delictivas en el Cantón Militar Coronel Jaime Rooke, de Ibagué, y en el Batallón de Infantería Mecanizada Número Cinco General José María Córdova, en Santa Marta. La Fiscalía detalló que, en Ibagué, un uniformado habría aceptado pagos de hasta COP 6.000 por cada cartucho, con requerimientos acumulados superiores a 4.000 unidades entre 2025 y 2026. En Santa Marta, un sargento viceprimero, responsable de los depósitos de armamento, habría permitido la salida de 22.126 cartuchos calibre 5,56 milímetros, valuados en más de COP 61 millones, el 11 de septiembre de 2025.
Las personas capturadas serán presentadas ante un juez de control de garantías de Bogotá. De acuerdo con la Fiscalía, se les imputarán los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas; peculado por apropiación; y cohecho por dar u ofrecer.
¿Cómo operaba la red de extracción y venta de municiones según la Fiscalía?
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la red contactaba a funcionarios encargados del almacenamiento de armamento en guarniciones militares y les ofrecía pagos y otros beneficios para alterar registros y legalizaciones, permitiendo así la salida ilícita de armas y municiones, que posteriormente eran vendidas a distintos grupos armados.
¿Qué delitos les serán imputados a los capturados por extracción ilegal de municiones?
Según la Fiscalía, los capturados enfrentarán cargos por concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas; peculado por apropiación; y cohecho por dar u ofrecer, de acuerdo con su posible responsabilidad.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
