El cierre inmediato de la cocina central del restaurante Andrés Carne de Res, ubicada en la calle 82 de Bogotá, provocó reacciones políticas. La decisión del Ministerio del Trabajo, tomada tras una visita de inspección el pasado 9 de septiembre, encendió la crítica del concejal Daniel Briceño, quien cuestionó al ministro Antonio Sanguino por, según él, aplicar un doble rasero frente a otros casos de denuncias laborales. Dicha clausura se dio luego de identificar condiciones que ponían en riesgo la salud y la vida de los empleados del establecimiento.
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El propio ministro Antonio Sanguino detalló: “Luego de la inspección realizada al establecimiento Andrés Carne de Res en Bogotá, hemos verificado las condiciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo, determinando que existe un riesgo inminente para la salud, la seguridad y la vida de las personas trabajadoras en la zona de preparación de alimentos”.
¿Por qué el ministro @AntonioSanguino nunca fue a cerrar el fruver de su amigo David Racero donde se explotan mujeres y se usan asesores del Congreso para atender las necesidades del Representante?
— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) September 10, 2025
El concejal Briceño aprovechó la coyuntura para lanzar una crítica directa al ministro, preguntando por qué no se ha intervenido el fruver vinculado a David Racero, representante del Pacto Histórico. “¿Por qué el ministro Antonio Sanguino nunca fue a cerrar el fruver de su amigo David Racero, donde se explotan mujeres y se usan asesores del Congreso para atender las necesidades del representante?”, escribió en redes sociales.
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David Racero se defiende de señalamientos en negocio familiar
Este señalamiento se enmarca en una investigación administrativa abierta por el Ministerio del Trabajo contra Racero, basada en denuncias laborales sobre su negocio familiar “La Cosecha del Campo”, ubicado en el sur de Bogotá. Según reportó Infobae, las denuncias mencionan extensas jornadas laborales, sueldos bajos y ausencia de prestaciones sociales.
La Dirección Territorial de Bogotá inició el proceso en mayo de 2025, motivada por una convocatoria laboral que incluía múltiples funciones por un salario de un millón de pesos al mes. Los inspectores reunieron audios y reportajes periodísticos como pruebas para el expediente en curso.
Además, el Consejo de Estado analiza una investigación paralela sobre el presunto uso de personal de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Racero en labores del fruver. Por ahora, uno de sus conductores ya rindió declaración, lo cual refuerza las sospechas sobre un posible uso indebido de recursos públicos.
Consultado por Semana, Racero afirmó que ha colaborado con las autoridades y negó las acusaciones. Dijo que el negocio fue familiar y que cerró tras solo cinco meses de operación debido a los efectos de la pandemia. También señaló que enfrenta un “linchamiento político”.
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