TransMilenio moviliza diariamente a más de 4 millones de personas en Bogotá. Sin embargo, durante distintas jornadas de protesta, varias estaciones, buses y tramos viales del sistema han sido objeto de actos vandálicos, bloqueos y otras afectaciones que alteran la movilidad de los ciudadanos.
Ante este panorama, el Concejo de Bogotá retomó una iniciativa que busca establecer un protocolo específico para proteger la operación del transporte público masivo en la capital.
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La propuesta corresponde a un Proyecto de Acuerdo promovido por el concejal Juan David Quintero. La iniciativa pretende fortalecer la protección de TransMilenio, el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y el componente TransMiZonal, al considerarlos servicios esenciales para el funcionamiento de la ciudad.
El proyecto plantea la creación de mecanismos de coordinación institucional que permitan responder con mayor rapidez ante bloqueos, recuperar las calzadas exclusivas y restablecer la prestación del servicio cuando se presenten interrupciones en la operación. La propuesta busca definir procedimientos claros para que las entidades distritales actúen de manera articulada frente a contingencias que afecten la movilidad y el acceso de los usuarios a sus destinos.
De acuerdo con el concejal Quintero, la iniciativa no contempla restricciones al derecho a la protesta pacífica, protegido por la Constitución Política. No obstante, propone establecer criterios para evitar que las manifestaciones deriven en afectaciones prolongadas para los ciudadanos que dependen del transporte público para desplazarse a sus lugares de trabajo, instituciones educativas, centros de salud o viviendas.

¿Cómo se blindaría TransMilenio y el transporte público de Bogotá?
La iniciativa propone que la Administración Distrital cuente con lineamientos definidos para atender este tipo de contingencias. Entre los aspectos que se buscan precisar están las responsabilidades de las entidades involucradas, la activación de los protocolos de respuesta, la protección de los usuarios, la atención de las novedades operativas y las acciones necesarias para recuperar el funcionamiento de las rutas, estaciones y tramos viales afectados.
Además, hasta el 7 de octubre de 2025 se contabilizaron 751 protestas, contingencias y disturbios relacionados con afectaciones al sistema de transporte público. Según los datos citados en el proyecto, estos eventos impactaron a cerca de 14,5 millones de personas debido a bloqueos que limitaron la operación del SITP.
A esta situación se suman los costos ocasionados por los daños a la infraestructura y a los vehículos. Entre 2020 y abril de 2023, las afectaciones contra estaciones, portales, buses y otros componentes del sistema representaron pérdidas cercanas a $17.000 millones.
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Para 2025, el balance reportado señala que 259 buses fueron vandalizados y que el sistema dejó de recibir aproximadamente $12.638 millones por validaciones no realizadas durante las contingencias. Estas situaciones afectan la operación financiera y logística del transporte público, incrementan los tiempos de viaje y obligan a miles de ciudadanos a buscar rutas alternas o realizar recorridos a pie.
“Presidente electo, ministro Lara y alcalde Galán: bienvenidos a esta discusión. Nosotros lo venimos diciendo desde hace meses: Bogotá no puede seguir permitiendo que unos pocos bloqueen el transporte público y condenen a miles de ciudadanos a caminar durante horas. La protesta pacífica se respeta, pero bloquear TransMilenio, vandalizar buses o paralizar el sistema no puede seguir siendo normal”, afirmó Quintero.
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