El proceso judicial contra el taxista José Eduardo Chalá Franco, señalado de arrollar a 11 personas en el sur de Bogotá, podría tomar un nuevo rumbo. La defensa del conductor estaría buscando concretar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en medio del proceso penal que se adelanta por los hechos ocurridos en noviembre de 2025 en la localidad de San Cristóbal.
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Durante la audiencia de acusación formal la defensa solicitó el aplazamiento de la diligencia con el fin de avanzar en conversaciones que permitan alcanzar una terminación anticipada del proceso, según recogió El Tiempo.
La intención sería explorar la posibilidad de un preacuerdo que podría implicar beneficios jurídicos para el procesado, siempre dentro de los márgenes que establece la ley penal colombiana.
De acuerdo con el periódico, el objetivo de la defensa sería llegar a un entendimiento con la Fiscalía que permita evitar que el proceso avance hasta juicio oral. En el sistema penal colombiano, los preacuerdos son mecanismos contemplados por la ley que permiten al acusado aceptar responsabilidad a cambio de una eventual rebaja de pena o ajustes en la imputación, siempre que un juez avale el acuerdo y se garanticen los derechos de las víctimas.
En este caso, la audiencia fue suspendida precisamente para que las partes puedan dialogar sobre esa posibilidad. Aunque no se han revelado los términos específicos que se estarían discutiendo, lo cierto es que la sola intención de buscar un preacuerdo cambia el panorama procesal.
Chalá Franco ya había aceptado cargos por tentativa de homicidio y lesiones personales agravadas tras el accidente. Posteriormente, luego de que una de las víctimas —una menor de edad— falleciera por la gravedad de las lesiones, se le imputó también el delito de homicidio agravado.
Un eventual preacuerdo tendría que ser evaluado por un juez de conocimiento, quien deberá verificar que el mismo se ajuste a la ley y que no vulnere los derechos de las víctimas, que en este proceso tienen un papel fundamental. Además, la reparación integral es uno de los aspectos que suele entrar en consideración cuando se negocian este tipo de acuerdos.
Si no se concreta el preacuerdo, el caso continuará su curso normal hacia juicio, donde la Fiscalía deberá sustentar las pruebas y buscar una condena por los delitos imputados.
¿Cómo fue el accidente?
Los hechos se remontan al 8 de noviembre de 2025. Ese día, el taxi que conducía Chalá Franco invadió un andén en el sur de la ciudad y arrolló a un grupo de peatones. De acuerdo con las autoridades, el conductor manejaba en estado de embriaguez al momento del siniestro.
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El impacto dejó 11 personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad. Varias de las víctimas sufrieron lesiones de consideración y debieron ser trasladadas a centros asistenciales. Días después, una adolescente falleció debido a la gravedad de las heridas, lo que agravó la situación jurídica del conductor.
Tras su captura, Chalá Franco fue presentado ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía le imputó los delitos correspondientes. Con el avance del proceso y la muerte de la menor, el expediente se robusteció y las imputaciones se ajustaron a la nueva realidad procesal.
Ahora, la posibilidad de un preacuerdo introduce un nuevo capítulo en el caso. Este mecanismo no implica la absolución del procesado, sino una negociación dentro del marco legal que puede traducirse en una sentencia anticipada, siempre que haya aceptación de responsabilidad y aprobación judicial.
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