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La Alcaldía Local de Santa Fe, en conjunto con un amplio grupo de entidades distritales, ha ejecutado una intervención de gran alcance conocida como Operación Espacio Público. Esta estrategia fue creada con el objetivo de restituir el orden y mejorar la seguridad en San Victorino, un sector de Bogotá que, pese a su relevancia comercial, ha enfrentado recurrentes desafíos de informalidad y violencia relacionada con la ocupación indebida de áreas públicas, según información suministrada por la Secretaría Distrital de Gobierno y la Alcaldía local. A lo largo de septiembre y en el inicio de octubre de 2025, se desplegaron 29 acciones, las cuales incluyeron la limpieza de zonas críticas, el decomiso de elementos ilegales y la recuperación física del entorno, apuntando a una transformación sostenible de esta emblemática zona.
El resultado preliminar refleja logros concretos: se logró retirar 283 armas blancas, más de 14 toneladas de residuos sólidos, además de sustancias psicoactivas y medicamentos ilegales considerados peligrosos para la salud pública, conforme a datos oficiales. También se incautaron 54 bicicletas (de las cuales ocho están en proceso de ser devueltas a sus dueños), mercancía irregular y 34 carretas abandonadas. En materia de espacio físico, cerca de 2.500 metros cuadrados fueron recuperados para el uso colectivo, una cifra que resalta la magnitud de la intervención en un entorno caracterizado por la alta circulación comercial y social.
La coordinación de estas labores involucró a entidades como la Policía Nacional, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), el Instituto para la Economía Social (IPES) y la Secretaría de Seguridad, ilustrando un abordaje multidisciplinar. Este trabajo conjunto no solo priorizó el control policial, sino también la formalización económica y la mejora ambiental, entendiendo que enfrentar la informalidad y la ocupación del espacio público es fundamental para fortalecer la convivencia ciudadana y reducir factores de inseguridad urbana.
En perspectiva regional, según el Observatorio de Ciudades Latinoamericanas (2023), este tipo de operativos ha sido recurrente en otras grandes ciudades como Ciudad de México o Lima, donde las tensiones entre economía informal y regulación estatal son constantes. Dichos esfuerzos, apunta el observatorio, resultan esenciales para debilitar focos de criminalidad, aunque deben abordar la inclusión social para evitar que la intervención derive en el desplazamiento de vendedores informales y en la aparición de nuevas zonas conflictivas.
Los expertos de la Fundación Paz Ciudadana (2024) subrayan que las soluciones sostenibles requieren acompañamiento social y alternativas de formalización, como las que propicia el IPES, para no criminalizar la informalidad, sino regularla y así contribuir tanto a la seguridad como al bienestar de quienes dependen de estas actividades. Por su parte, desde el ámbito legal, el cumplimiento de la Ley 1801 –Código Nacional de Policía– ha sido calificado como indispensable para establecer procedimientos claros y evitar posibles excesos de la autoridad, según análisis de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia.
En síntesis, la intervención en San Victorino representa mucho más que la ejecución de una serie de operativos: constituye un esfuerzo estructural que requiere la consolidación de la gobernanza urbana y la participación coordinada de múltiples actores. El reto es que la recuperación del espacio público sea sostenible, participativa y promueva tanto la seguridad como la inclusión social, de modo que el avance logrado no se vea revertido en el tiempo.
¿Cuál es el papel del IPES en la formalización de vendedores informales en operativos como el de San Victorino?
El Instituto para la Economía Social (IPES) juega un papel esencial en la articulación de propuestas de formalización y apoyo a los vendedores informales que han ocupado históricamente el espacio público en sectores como San Victorino. Esta labor se vuelve especialmente relevante luego de operativos de recuperación, pues la reinserción laboral y la regularización de los trabajadores informales suman elementos de inclusión que contribuyen a la sostenibilidad del proceso, tal como lo destaca la Alcaldía Local y otros organismos participantes.
La intervención del IPES implica desde la oferta de alternativas comerciales reguladas hasta la capacitación y acompañamiento en procesos de transición hacia la formalidad. Esta estrategia, recomendada por expertos de la Fundación Paz Ciudadana, permite que las acciones institucionales no sean percibidas únicamente como medidas punitivas, sino como oportunidades para transformar la economía urbana, incrementando la seguridad y mejorando la convivencia en el espacio recuperado.
¿Qué establece la Ley 1801 en relación con la intervención del espacio público?
La Ley 1801, conocida como el Código Nacional de Policía, reglamenta aspectos clave vinculados con la gestión del espacio público, la convivencia y las relaciones ciudadanas en Colombia. De acuerdo con especialistas en derecho urbano de la Universidad Nacional de Colombia, esta legislación define procedimientos y restricciones para intervenir zonas ocupadas irregularmente, garantizando tanto el respeto a los derechos de los ciudadanos como la posibilidad de recuperar áreas prioritarias para la colectividad.
La aplicación adecuada de la Ley 1801 resulta fundamental para prevenir abusos o arbitrariedades durante los operativos. Proporciona un marco legal que delimita las responsabilidades de las autoridades y otorga mecanismos de defensa para los afectados, procurando así que la recuperación del espacio público se desarrolle en equilibrio con los principios de legalidad y participación ciudadana.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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