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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Ago 23, 2026 - 6:23 am

Una jornada que debía transcurrir bajo la aparente normalidad de las visitas carcelarias se convirtió en una verdadera pesadilla, luego de que se confirmara el brutal asesinato de una mujer al interior del Establecimiento Carcelario La Modelo, ubicado en el occidente de Bogotá. El atroz suceso no solo enlutó a una familia, sino que encendió todas las alarmas sobre las fallas de seguridad y control en los centros penitenciarios del país, obligando al Gobierno Nacional a pronunciarse con vehemencia y a ordenar una revisión inmediata de los protocolos de ingreso.

De acuerdo con la información oficial suministrada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), los hechos ocurrieron pasadas las 12:30 del mediodía en el pabellón 13 del penal. La víctima, cuya identidad se mantiene bajo el rigor de la reserva sumarial, se encontraba en el establecimiento cumpliendo con una jornada de visita. Fue en medio de circunstancias que ahora son materia de rigurosa investigación que la mujer fue hallada sin vida. El giro más escalofriante del caso se dio cuando el propio interno a quien visitaba se acercó a las autoridades carcelarias para manifestar que era el responsable de los hechos.

Ante la gravedad de la situación, los uniformados del INPEC procedieron a aislar de inmediato al recluso señalado, mientras se daba aviso urgente a la Policía Metropolitana de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación. Unidades de criminalística y agentes de la policía judicial hicieron presencia en el centro penitenciario para realizar los actos urgentes, el levantamiento del cuerpo y la recolección de pruebas clave que permitan esclarecer con precisión cómo ocurrió este nuevo episodio de violencia letal tras las rejas.

La reacción desde la cúpula del Gobierno no se hizo esperar. El Ministerio de Justicia, a través de un enérgico comunicado, sentenció que la violencia contra las mujeres, y en particular el feminicidio, “no será aceptada ni tolerada bajo ninguna circunstancia”, advirtiendo con firmeza que los establecimientos carcelarios del país “no son territorios sin ley”. El despacho ministerial fue categórico al señalar que “quien resulte responsable deberá enfrentar todo el peso de la justicia”, al tiempo que extendió profundas condolencias y un mensaje de solidaridad a los seres queridos de la víctima, garantizando que las instituciones tienen el deber ineludible de ofrecerles verdad, transparencia y justicia.

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Como respuesta directa a este gravísimo vacío de seguridad, se le ordenó al INPEC la entrega de un informe pormenorizado sobre lo sucedido y se exigió una revisión frontal de todos los protocolos vigentes en las jornadas de visita, incluyendo las visitas íntimas. Dicha evaluación deberá auditar la existencia y el correcto funcionamiento de botones de pánico, mecanismos de alerta temprana, protocolos de respuesta rápida ante situaciones de riesgo y la implementación de salvavidas de protección tanto para las personas privadas de la libertad como para los ciudadanos que ingresan como visitantes. El Ministerio concluyó advirtiendo que, con base en este informe, se aplicarán medidas drásticas para blindar las cárceles y evitar que crímenes de esta naturaleza queden en la impunidad.

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