Un nuevo y grave escándalo de corrupción y presunta connivencia con estructuras armadas ilegales sacude por completo las instalaciones castrenses del país. La Fiscalía General de la Nación reveló este fin de semana los detalles más escalofriantes de la investigación que derivó en la captura del coronel del Ejército Nacional Carlos Didier Pérez Amorocho, un oficial de alto rango que fue detenido recientemente en las instalaciones del Cantón Norte en Bogotá, bajo la sindicación de haber traicionado su juramento institucional a cambio de millonarias sumas de dinero en efectivo.
De acuerdo con los contundentes elementos materiales probatorios recopilados por el ente acusador, el oficial habría estructurado un esquema sistemático de filtración de información reservada, entregando detalles estratégicos sobre operativos, planes tácticos y movimientos de la Fuerza Pública a organizaciones criminales en distintas regiones del país. Las indagaciones judiciales señalan que el rastro del oficial se divide en dos momentos críticos de su trayectoria, evidenciando una presunta reincidencia en actividades de alianza con la criminalidad organizada.
El primer expediente documentado por los investigadores se remonta al año 2020, periodo en el cual el coronel Pérez Amorocho habría recibido la suma de 15 millones de pesos con el propósito deliberado de reducir la ofensiva militar en contra del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), operando específicamente en la conflictiva zona de Arauquita, en el departamento de Arauca. Sin embargo, el capítulo más lucrativo y alarmante se gestó recientemente, ubicando al oficial en el centro de las pesquisas durante su paso como comandante de una unidad de despliegue rápido con jurisdicción en el departamento de Nariño.
Según lo expuesto formalmente por la Fiscalía, entre los meses de enero y junio de 2026, el alto oficial se habría concertado directamente con el autodenominado Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia. La acusación detalla que Pérez Amorocho recibía para su propio beneficio la escandalosa cifra de 30 millones de pesos semanales entregados de manera periódica por esta estructura armada ilegal. A cambio de esta jugosa retribución económica, el comandante presuntamente dilataba, retardaba u omitía de forma premeditada las actuaciones operativas que por ley debía liderar.
El propósito principal de este pacto criminal era mantener plenamente informada a la disidencia sobre los movimientos de las tropas oficiales, facilitando corredores de movilidad seguros para el transporte clandestino de estupefacientes, armamento de uso privativo, municiones y dinero producto de economías ilícitas. Las autoridades subrayan que la Segunda Marquetalia, además de lucrarse con el narcotráfico, utiliza estos canales corruptos para blindar homicidios selectivos y el porte ilegal de armas en el suroccidente colombiano. El proceso judicial continúa avanzando mientras se define la situación jurídica del coronel en medio de un profundo rechazo institucional por esta afrenta a la seguridad nacional.
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