Un verdadero misterio institucional sacude por estos días a la cúpula del Ministerio Público en el centro de Bogotá. Autoridades judiciales y policiales completan 72 horas de intensas pesquisas tras el hallazgo de un orificio de proyectil y una ojiva de arma de fuego en una ventana ubicada en el piso 26, ala oriental, de la sede principal de la Procuraduría General de la Nación.
Aunque la versión preliminar que circuló con fuerza apuntaba a que se trataba de un disparo de fusil percutido desde los cerros orientales —a unos dos kilómetros de distancia—, fuentes de la Unidad Investigativa revelaron que los primeros análisis balísticos de la Dijín y la Fiscalía descartaron tajantemente esta teoría. De acuerdo con los peritos, el proyectil encontrado corresponde a un calibre 9 milímetros, lo que ratifica que pertenece a un arma corta y hace materialmente imposible que haya sido disparado desde la lejanía. “Eso significa que pertenece a un arma corta y es materialmente imposible que haya sido disparada a larga distancia para impactar el ventanal del piso 26″, aseguró una fuente judicial.
El impacto quedó registrado con precisión milimétrica en el ventanal de la oficina del procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Pedro Luis Bonilla Bolaños. En ese mismo nivel operan despachos de asesores, abogados y delegados que lideran investigaciones de alta connotación nacional, mientras que un piso más abajo se ubican las oficinas del procurador general, Gregorio Eljach, y del viceprocurador, Julián Andrés Fernández. Fue precisamente uno de los funcionarios de esta área quien dio la voz de alerta tras descubrir el daño estructural en el vidrio.
La investigación formal fue asumida por la Dijín de la Policía con el respaldo del esquema de protección de la propia entidad y un equipo especial de la Fiscalía General de la Nación.
Las pesquisas apuntan a determinar con exactitud el momento del suceso. Las primeras hipótesis sugieren que el impacto pudo haberse producido durante el fin de semana pasado, cuando las instalaciones permanecen cerradas y sin personal, lo que abriría la puerta a la teoría de una bala perdida. Sin embargo, este escenario choca con una realidad operativa: no existen cámaras de seguridad internas en esa ala del edificio, lo que limita el rastreo visual directo.
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Ante este vacío, cobra fuerza una línea de investigación manejada bajo absoluta reserva que indaga si el atentado constituye un mensaje intimidatorio directo contra los funcionarios que manejan expedientes sensibles. Según reveló una alta fuente a la investigación, la Fiscalía ya venía adelantando expedientes relacionados con supuestos ofrecimientos de dinero a cambio del direccionamiento o archivo de procesos disciplinarios. Asimismo, no se descarta de manera preliminar que se trate de un falso positivo interno orquestado para buscar la asignación de esquemas de seguridad especiales.
Por lo pronto, el piso 26 permanece bajo estrictas medidas de acordonamiento y blindaje perimetral, mientras los peritos judiciales continúan con las pruebas de trayectoria para esclarecer si el disparo provino del exterior o si se trató de una acción ejecutada desde el interior de la misma sede pública.
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