El caso del ciudadano estadounidense que fue retenido temporalmente por las autoridades en el norte de Bogotá, tras una denuncia ciudadana que lo señalaba de presunto abuso sexual contra un menor, ha dado un giro radical hacia los estrados judiciales. La defensa del extranjero anunció de manera contundente que evalúa presentar un robusto paquete de acciones legales contra particulares, funcionarios públicos e incluso contra la Nación. La decisión se tomó luego de que el presidente Gustavo Petro publicara un polémico mensaje en la red social X, vinculando la falsa acusación con dinámicas y sectores políticos del país.
El abogado penalista Fabio Humar aseguró en entrevista con Mañanas Blu que los hechos que motivaron la detención de su cliente estuvieron fundamentados en una versión que posteriormente fue desvirtuada por completo por las autoridades competentes. Sin embargo, antes de que se esclareciera la inocencia del ciudadano, el mandatario nacional utilizó su plataforma para lanzar un fuerte ataque ideológico.
“Aquí se muestra la doble moral y la manipulación del electorado. Mientras una parte del electorado se mueve hacia las derechas extremas pensando que son defensores de la familia, resulta que muchos de la fracción ultraconservadora son pedófilos”, había escrito el presidente Petro en un mensaje que posteriormente eliminó al confirmarse la inexistencia de pruebas.
Según Humar, aunque el jefe de Estado retiró la publicación, las consecuencias para la familia ya son irreparables: “No descartamos iniciar acciones contra la Nación en tanto que el presidente de la República publicó una información absolutamente falsa que no ha rectificado al día de hoy”, afirmó de manera tajante.
La estrategia jurídica de la defensa no se limitará al Ejecutivo. El abogado Márquez explicó que han comenzado a recopilar un archivo masivo de material probatorio, que incluye videos, testimonios y decenas de mensajes de texto enviados por residentes del sector. El objetivo es identificar formalmente a los vecinos que promovieron e iniciaron la falsa versión que derivó en la aparatosa intervención policial. Entre las acciones en estudio figuran denuncias por injuria, calumnia, falso testimonio y fraude procesal, además de millonarias demandas civiles para reclamar indemnizaciones patrimoniales en contra de los responsables.
Lo más alarmante del caso, según relató Márquez, fue el nivel de peligro al que estuvo expuesta la familia debido a la desinformación. El jurista reveló que la situación escaló a tal punto que dos personas lograron ingresar a la fuerza al edificio y al apartamento donde se encontraba el ciudadano norteamericano con los menores bajo su cuidado, intentando llevarse a uno de los niños. “Si no llega la Policía, esto puede coger un giro de secuestro o de homicidio”, advirtió Márquez, destacando que la oportuna intervención de los uniformados evitó que la horda de vecinos enfurecidos cometiera una tragedia.
A pesar del enorme trauma y del escándalo mediático, la defensa aclaró que el proceso de adopción legal que adelanta la pareja estadounidense continúa adelante. Márquez recordó que el sistema colombiano de adopciones cuenta con los más altos estándares internacionales, al punto de exigir certificaciones directamente al FBI sobre los antecedentes de los solicitantes extranjeros.
Actualmente, la pareja ya retomó el procedimiento y se encuentra nuevamente junto a sus hijos. Su única intención ahora es finalizar los trámites correspondientes para poder salir del país y establecerse definitivamente en los Estados Unidos, dejando atrás un doloroso episodio que, según la defensa, debe servir como una seria reflexión nacional sobre la ligereza de los juicios públicos y las peligrosas condenas previas que se construyen a diario en las redes sociales.
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