El caso del estudiante de 25 años que fue brutalmente golpeado afuera de una discoteca en 2021 ha empezado a resolverse. 2 jóvenes lo agredieron causándole heridas que requirieron cirugía reconstructiva. El caso, al ser discutido en los juzgados poco más de un año después, ha dejado en evidencia las complejidades que afrontó la víctima y su familia para lograr justicia.
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Pablo Gutiérrez Villate, estudiante de la Universidad de los Andes, sufrió graves lesiones a manos de Martín Rubiano-Groot Arias y Nicolás Gutiérrez Solórzano el 15 de octubre de 2021, en la ‘zona T’, una popular área de entretenimiento de la capital. El origen de la golpiza y las circunstancias bajo las cuales se produjo la misma han sido motivo de consternación y conmoción en distintos círculos de la capital.
Hubo un fallo en el caso, pero no ha venido sin controversia. El juez 126 Penal del Circuito con función de conocimiento en Bogotá condenó a Rubiano-Groot y a Gutiérrez Solórzano a una pena de entre 16 y 25 meses de prisión por lesiones personales. Sin embargo, la sentencia aún está pendiente de confirmación en una audiencia futura, como informó El Tiempo.
La reacción a la condena ha sido mixta. Para la defensa, liderada por el exfiscal Mario Iguarán, la sentencia ha sido un golpe desconcertante. “Estamos dispuestos a conciliar, pero el fallo es un yerro jurídico”, afirmó Iguarán, alegando que el juez desestimó pruebas y testimonios presentados por la defensa e ignoró la participación de otros individuos en la trifulca. Sin embargo, la Fiscalía argumenta que las cámaras de seguridad de la discoteca captaron la agresión persistente y la participación específica de Rubiano-Groot y Gutiérrez Solórzano, según el citado diario.
Los condenados en este caso protagonizan un detalle intrigante: residen en el extranjero. Rubiano-Groot vive en Vancouver, Canadá, donde estudia y trabaja como consultor en una organización internacional contra la violencia. Mientras tanto, Gutiérrez Solórzano trabaja en el sector inmobiliario en Madrid, donde también estudió derecho en la Universidad Autónoma después de su paso por la Universidad de los Andes en Bogotá. ¿Podrían estas circunstancias influir en el cumplimiento de la condena? Se espera que este giro transnacional en el caso agregue otra capa de complejidad a las deliberaciones legales, como indica el informe periodístico.
Al respecto, el exfiscal Marío Iguarán, apoderado de Gutiérrez, señaló que el sentido del fallo fue desconcertante, pese a que han intentado remediar lo hecho con la víctima. “Siempre estuvimos dispuestos a conciliar. Pero la víctima ha solicitado reparación integral muy alta: 200 millones de pesos. Ya se pidió la suspensión de la pena hasta tener una sentencia ejecutoriada”.
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