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La implementación del carril preferencial en la carrera Séptima de Bogotá ha reabierto el debate sobre el uso del espacio vial en la capital y el equilibrio entre transporte público y vehículos particulares. El 13 de mayo, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) estableció sanciones estrictas—como multas de $604.100 y la inmovilización del vehículo—para cualquier automotor que usara este carril sin pertenecer al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), según el Artículo Original. La medida, fundamentada en la infracción C14 por "transitar por sitios restringidos", fue recibida con descontento por parte de los conductores y usuarios privados, quienes manifestaron su inconformidad ante la severidad de la regulación.
La reacción ciudadana llevó a una revisión por parte del alcalde Carlos Fernando Galán, quien aseguró que la capacidad vial no se reduciría y que las sanciones se limitarían a quienes generaran bloqueos o afectaran el flujo vehicular, ajustando la infracción a códigos menos drásticos (C02 y C03), como recoge el Artículo Original. Este ajuste subraya la importancia de adaptar las políticas de movilidad a la realidad social, asegurando que las medidas sean operativamente eficaces pero también justas para la ciudadanía.
El caso de la Séptima ejemplifica los desafíos que enfrentan las grandes metrópolis al establecer carriles exclusivos para el transporte público. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe "Urban Transport and Environmental Sustainability" (2022), señala que el éxito de estos carriles depende de una combinación de diseño técnico, campañas de educación vial y sistemas de control que sean transparentes y justificables. Bogotá, en este contexto, busca avanzar en dirección a esas recomendaciones internacionales.
La Resolución 1815115 de 2025 trajo consigo claridad, permitiendo el uso del carril preferencial a taxis, transporte intermunicipal, servicios de emergencia y ciclistas, siempre que no obstruyan el desplazamiento del SITP ni de la movilidad general. Este enfoque legal reconoce la multiplicidad de usuarios y las necesidades particulares de cada uno, reflejando una gobernanza más abierta e incluyente, según el Artículo Original.
El concejal Fuchi ha destacado la urgencia de contar con normativas detalladas para cada carril preferencial, considerando que sólo así se garantiza seguridad jurídica y se evita la discrecionalidad que pueda minar la confianza en la administración. Esta visión coincide con enfoques académicos históricos que relacionan la transparencia normativa con un mejor acatamiento y percepción ciudadana, recogidos por autores como Harvey Molotch.
La controversia ha puesto en evidencia, según especialistas citados por la LatAm Journalism Review (2025) y la Fundación Gabo (2023), la vulnerabilidad de las políticas públicas ante deficiencias comunicativas. La falta de difusión clara y acceso a fuentes oficiales puede desembocar en confusión y resistencia social, obstruyendo la modernización del sistema de movilidad.
En suma, el proceso vivido en la carrera Séptima no solo significa un cambio operacional, sino que simboliza el aprendizaje institucional y la búsqueda de equilibrios justos en la regulación del espacio urbano—a partir del diálogo entre autoridades, usuarios y expertos. Esta experiencia fortalece el camino hacia una movilidad incluyente, equitativa y sostenible en Bogotá y se proyecta como referencia para otras ciudades con desafíos similares en América Latina.
¿Qué implica la infracción C14 frente a las infracciones C02 y C03 en la normatividad vial de Bogotá? La inquietud por el significado y las consecuencias de estas infracciones es relevante porque determinan las sanciones y procedimientos aplicables a los usuarios que ingresan indebidamente a carriles preferenciales. Inicialmente, la infracción C14 penalizaba a quienes transitaban por sitios restringidos como el carril preferencial, con multas y opciones de inmovilización vehicular, lo que despertó preocupación y rechazo. Tras las protestas, se optó por los códigos C02 y C03, que limitan la sanción a quienes bloquean el acceso o el flujo, haciéndolas menos severas y más ajustadas a la realidad de la movilidad capitalina. Entender la diferencia ayuda a los conductores a conocer sus derechos y obligaciones.
¿Cómo participa la ciudadanía en la toma de decisiones sobre políticas de movilidad en Bogotá? Esta pregunta surge porque las transformaciones en las reglas de tránsito afectan directamente la rutina urbana y generan polémicas públicas, como sucedió con el carril preferencial en la Séptima. Si bien la reacción ciudadana llevó a un cambio en las regulaciones, el proceso evidenció la importancia de canales y procesos participativos claros para recoger las inquietudes y propuestas de los afectados. De la efectividad de esta relación entre autoridades y ciudadanía depende, en gran parte, la legitimidad y sostenibilidad de las políticas de movilidad que se implementen en la capital.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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