La depuración interna en las Fuerzas Militares registró uno de sus episodios más delicados en los últimos años tras confirmarse la captura de un alto oficial dentro de las instalaciones del Cantón Norte, en la ciudad de Bogotá al descubierto un entramado criminal que compromete la seguridad nacional y la legitimidad de la institución.
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El expediente judicial, estructurado de manera conjunta por organismos de contrainteligencia y la Fiscalía General de la Nación, apunta a esclarecer si desde posiciones de mando estratégico se facilitaron operaciones de grupos armados ilegales a cambio de millonarias sumas de dinero, comprometiendo armamento, municiones y secretos operacionales, según informó El Tiempo.
El operativo de aprehensión se llevó a cabo en una vivienda ubicada al interior de la guarnición militar bogotana, donde funcionarios especializados hicieron efectiva la orden de captura y desarrollaron labores de registro y allanamiento debidamente autorizadas por un juez de la república. En esta ofensiva judicial participaron de manera articulada el Ejército Nacional, la Fiscalía 20 de la Unidad Especializada de Investigación y el Gaula Militar Arauca, evidenciando un esfuerzo coordinado para erradicar cualquier foco de corrupción y connivencia con el crimen organizado, de acuerdo con el periódico.
Detrás de la orden judicial se encuentra el coronel Carlos Didier Pérez Amorocho, un oficial superior en servicio activo que quedó inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales competentes para responder por una grave lista de delitos que incluye concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo , cohecho propio, así como tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, según el citado diario.
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De acuerdo con la información recabada en el expediente, el alcance de la investigación trasciende un hecho aislado y se adentra en presuntos nexos sostenidos por el oficial con dos estructuras criminales que operan en extremos geográficos opuestos del país: el Frente de Guerra Oriental del Eln, con fuerte presencia en el departamento de Arauca, y el Bloque Occidental Alfonso Cano de la autodenominada ‘Segunda Marquetalia’, activo en la región de Nariño.
Los investigadores detectaron que las conductas indiciarias bajo indagación abarcan dos periodos específicos de la trayectoria del coronel, situados entre 2019-2020 y 2024-2025, lapsos en los cuales el oficial estuvo al frente del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 29 y de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2, respectivamente. La hipótesis principal plantea que durante estos ciclos de mando se habrían recibido pagos ilícitos como contraprestación por desviar operaciones, comercializar material de guerra y filtrar inteligencia militar clasificada.
Una de las líneas más delicadas que los fiscales deberán sustentar ante los estrados judiciales se concentra en el supuesto tráfico de municiones y la revelación de planes operacionales que habrían beneficiado directamente a las facciones armadas ilegales en zonas de conflicto.
Ante la magnitud del escándalo y la repercusión institucional de la captura de un oficial de su rango, el Ejército Nacional emitió un pronunciamiento oficial para ratificar su absoluta disposición de colaboración con la justicia. En el comunicado emitido por la institución se señaló textualmente: “En cumplimiento de una orden judicial emitida por la Fiscalía General de la Nación, en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo la captura de un oficial superior activo del Ejército Nacional” .
Asimismo, el mando castrense añadió de manera categórica: “La Institución brindó todas las garantías y facilidades para el cumplimiento de la diligencia, reiterando su compromiso con las autoridades competentes y respetando en todo momento el debido proceso y el principio de presunción de inocencia” . Con este panorama, el proceso contra el coronel Pérez Amorocho se perfila como uno de los casos de contrainteligencia más impactantes para la fuerza pública en la historia reciente del país
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