La violenta agresión registrada en contra de un miembro de la fuerza pública en el CAI Galán, ubicado en la localidad de Puente Aranda en Bogotá, continúa generando conmoción a medida que se desprenden nuevos y preocupantes elementos sobre el perfil del agresor. El individuo, quien terminó siendo abatido por el propio uniformado tras propinarle graves heridas en la cabeza y el cuello con un arma cortopunzante, fue plenamente identificado como Michel Felipe Santos Rodríguez, de 25 años.
Mientras sus familiares salieron a los medios de comunicación a manifestar que el joven padecía problemas psiquiátricos relacionados con esquizofrenia, las indagaciones adelantadas por la Unidad Investigativa de El Tiempo sacaron a la luz un turbio prontuario judicial que desata interrogantes sobre los controles institucionales y las medidas preventivas ante conductas reincidentes de violencia callejera.
De acuerdo con la información recabada por el diario, los antecedentes del atacante no se limitaban exclusivamente a comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia —frecuentes reportes de vecinos que advertían sobre sus actitudes erráticas en la zona—, sino que guardaban un expediente penal de alta gravedad que se mantenía activo en los despachos judiciales.
El citado medio tuvo acceso directo al expediente que data de julio de 2022, en el cual la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a Santos Rodríguez por hechos de extrema similitud ocurridos en las inmediaciones del sector donde se perpetró el reciente ataque en Puente Aranda. Según se desprende de la acusación formal presentada en su momento por el ente investigador, el sujeto empleó un arma blanca bajo la misma modalidad intimidatoria para despojar a un ciudadano de su teléfono celular en plena vía pública, específicamente sobre la calle 2d con carrera 38. Al detallar la actuación del procesado durante las audiencias preliminares, la fiscal del caso indicó de manera textual: “Con arma blanca la colocó en el pecho y lo despojó de su celular”.
Las pesquisas permitieron establecer que dicho proceso penal no se encontraba archivado, sino que seguía su curso dentro de los estrados judiciales con una diligencia clave programada para las próximas semanas, exactamente un juicio oral fijado en el calendario para el próximo 24 de septiembre.
Fuentes cercanas al desarrollo del caso le confirmaron a El Tiempo que la defensa y los representantes judiciales evaluaban la posibilidad de concretar un preacuerdo que incluyera una indemnización a la víctima para lograr una rebaja punitiva ante una inminente condena por el delito de hurto calificado. Este antecedente judicial pone de manifiesto que el joven de 25 años ya contaba con un historial documentado de intimidación con armas blancas en las calles de la capital, un factor que ahora es evaluado con lupa por las autoridades para determinar las circunstancias y los vacíos en el seguimiento a personas con procesos penales vigentes.
Paralelamente a las revelaciones sobre el pasado judicial del agresor, las autoridades entregaron un parte de tranquilidad respecto al estado de salud del policía que resultó gravemente herido durante el operativo en el CAI Galán. Fuentes consultadas por el rotativo confirmaron que el uniformado se encuentra en condición estable y fuera de peligro, luego de haber sido sometido en la mañana del pasado jueves 20 de agosto a un riguroso procedimiento médico que incluyó la sutura de múltiples puntos en la cabeza para cerrar las heridas causadas por las puñalidades.
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