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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) evalúa nuevamente la solicitud para adjudicar una licencia ambiental que permita la tan debatida ampliación de la Autopista Norte, entre las calles 191 y 245 de Bogotá. Esta iniciativa afronta el reto de superar errores del pasado, pues la vía original se construyó afectando áreas consideradas vitales para el ecosistema, en particular los humedales Torca y Guaymaral. Ese registro de decisiones ha sido clave en la aparición de inundaciones periódicas y problemas ambientales serios, según documentos oficiales citados por medios nacionales. Frente a estas deficiencias, la ANLA rechazó el primer intento de licenciamiento, exigiendo una evaluación ambienta más sólida y la reconsideración en la forma como la infraestructura convivirá con el entorno natural.
El proyecto prevé duplicar la capacidad vial, pasando de tres a seis carriles por sentido, junto con andenes, ciclorrutas y un carril exclusivo para el sistema de transporte masivo TransMilenio, con una inversión estimada en 1,8 billones de pesos. El principal debate gira en torno a las soluciones técnicas para salvaguardar la conectividad con los cuerpos de agua y minimizar el impacto sobre la biodiversidad. Por un lado, el concesionario Accesos Norte II impulsa el uso de estructuras “box culvert” de baja elevación, mientras que expertos de la Universidad Nacional de Colombia y grupos ambientalistas proponen un viaducto elevado hasta 4,4 metros, para facilitar la circulación de agua y fauna bajo la vía. Aunque ambas opciones buscan resolver el conflicto vial-ecológico, la diferencia reside en el nivel de prevención y mitigación de riesgos ambientales, como documentan investigaciones universitarias.
Este caso trasciende lo técnico y refleja una problemática frecuente en América Latina: el desfase entre infraestructura vial y la protección de ecosistemas urbanos. Estudios de la Universidad Nacional de Colombia alertan que intervenir de forma inadecuada los humedales genera daños irreversibles, deteriorando la capacidad de las ciudades para afrontar lluvias intensas y afectando tanto la biodiversidad como el bienestar de las comunidades vecinas. La ampliación de la Autopista Norte, por tanto, se convierte en ejemplo de los dilemas estructurales de la planificación urbana frente a variables ambientales y sociales.
La ANLA, en su papel regulador, debe asegurar que los estudios técnicos presentados sean completos y respondan no solo a la normativa, sino también a las preocupaciones ciudadanas. Para ello, convocó una audiencia pública ambiental que se llevará a cabo el 29 de noviembre en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Allí, comunidades locales, organizaciones sociales y entidades públicas tendrán voz para expresar inquietudes, reforzando el principio de participación ciudadana, tal como lo promueve la Agencia Europea de Medio Ambiente y la Convención de Aarhus, que recalcan la importancia de la transparencia y la consulta pública en procesos que afectan el patrimonio ambiental.
El historial de la Autopista Norte ilustra las dificultades típicas en grandes ciudades de la región, donde proyectos urbanos suelen subestimar la variable ambiental. Según ingenieros civiles citados por El Tiempo, una gestión responsable implica no solo construir la vía sino restaurar el ambiente circundante, implantando corredores biológicos y tecnologías de manejo de aguas pluviales que permitan una verdadera convivencia entre movilidad y naturaleza.
Finalmente, la repercusión de este proceso va más allá de lo local, pues el mejoramiento de la Autopista Norte representa una pieza clave en el sistema de movilidad de Bogotá. El carril exclusivo para TransMilenio apunta a elevar la eficiencia del transporte público, alineándose con las metas de movilidad sostenible y reducción de emisiones promovidas por el gobierno nacional y los compromisos internacionales sobre cambio climático. El futuro de este proyecto, entonces, tendrá repercusiones sobre cómo se entiendan y gestionen, en adelante, las relaciones entre desarrollo urbano y conservación ambiental en Colombia y la región.
¿Qué significa un “box culvert” y cómo se diferencia de un viaducto elevado? El término “box culvert” se refiere a una estructura de concreto cerrada que permite el paso del agua por debajo de una vía o carretera. Estas estructuras son de baja altura y suelen facilitar el flujo hidráulico en situaciones muy específicas. En contraste, un viaducto elevado implica construir la carretera sobre columnas a una altura considerable (en este caso de hasta 4,4 metros), permitiendo mayor conectividad hidráulica, el paso de animales y la preservación del entorno natural. Esta distinción resulta central en el debate sobre las mejores prácticas para mitigar el impacto ambiental en proyectos urbanos de gran escala como la Autopista Norte. Entender la diferencia ayuda a dimensionar el debate técnico y ambiental que subyace al proceso de licenciamiento.
¿Qué papel tiene la participación ciudadana en el trámite de la licencia ambiental? La participación ciudadana es un aspecto fundamental durante la revisión de la licencia ambiental porque permite a las comunidades, organizaciones y entidades interesadas aportar sus puntos de vista, preocupaciones y propuestas sobre el proyecto. Según la ANLA y organismos internacionales, esta intervención fortalece la toma de decisiones, haciendo el proceso más transparente y legitimando la resolución final. Si bien la audiencia pública ambiental no determina directamente la aprobación del proyecto, sí obliga a que las autoridades consideren las observaciones y argumentos planteados. Además, fomenta una mayor corresponsabilidad y vigilancia social sobre los impactos y compromisos adquiridos, aspecto clave para el desarrollo sostenible de obras públicas en contextos urbanos como el de Bogotá.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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